El Tribunal Supremo reconoce el derecho de los inquilinos a adquirir sus viviendas en Madrid.
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En un fallo histórico, el Tribunal Supremo de España ha reconocido por primera vez el derecho de los inquilinos a adquirir las viviendas que fueron vendidas en 2013 por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).
Esta decisión se produce en un contexto donde la protección de los derechos de los inquilinos se ha vuelto un tema candente en la sociedad española.
Contexto de la sentencia
La sentencia del Tribunal Supremo se deriva de una demanda presentada en 2017 por el abogado Mariano Benítez de Lugo, en representación de cuatro inquilinos de un edificio en la calle López de Vega.
Estos inquilinos habían firmado contratos de alquiler que incluían el derecho a adquirir sus viviendas. La Audiencia Provincial de Madrid ya había reconocido este derecho en una sentencia anterior, pero el fallo del Supremo lo consolida y establece un precedente importante para otros casos similares.
Reacción del fondo de inversión Fidere
El fondo de inversión Fidere, que adquirió las viviendas en cuestión, ha anunciado su intención de recurrir la decisión del Tribunal Supremo. Argumentan que ha habido un error en la interpretación de las escrituras de venta. Sin embargo, los magistrados del Supremo han dejado claro que la venta conjunta no excluye el derecho de los inquilinos a ejercer su derecho de retracto, especialmente cuando no se han vendido todas las unidades del edificio.
Implicaciones para los inquilinos en Madrid
Este fallo no solo afecta a los inquilinos involucrados en este caso específico, sino que también tiene implicaciones más amplias para un centenar de inquilinos que podrían verse beneficiados por esta interpretación del derecho de adquisición preferente. La sentencia subraya la importancia de proteger los derechos de los inquilinos en un mercado inmobiliario cada vez más competitivo y en ocasiones desregulado.
La decisión del Tribunal Supremo también plantea preguntas sobre la transparencia en las ventas de propiedades públicas y la necesidad de garantizar que los inquilinos estén plenamente informados de sus derechos. La EMVS, bajo la alcaldía de Ana Botella, llevó a cabo la venta de estas propiedades en un contexto de crisis económica, lo que ha llevado a un aumento en la preocupación por la seguridad de la vivienda en Madrid.
En resumen, el reconocimiento del derecho de los inquilinos a comprar sus viviendas representa un avance significativo en la protección de los derechos de los arrendatarios en España. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se implementa esta sentencia y qué impacto tendrá en el futuro del mercado de la vivienda en Madrid.
