CC.OO. desconvoca la huelga de transporte de viajeros, pero mantiene paros futuros.
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Contexto de la desconvocatoria
La reciente decisión del sindicato CC.OO. de desconvocar la jornada de huelga del transporte de viajeros en Madrid ha generado un amplio debate en el sector. Esta medida se produce tras la huelga del 28 de noviembre, donde los conductores de autobuses urbanos, interurbanos y discrecionales exigieron la jubilación anticipada.
A pesar de la desconvocatoria, el sindicato mantiene la convocatoria de un paro para el 9 de diciembre y una huelga indefinida a partir del 23 de diciembre, lo que indica que la situación sigue siendo tensa y requiere atención.
Motivos detrás de la desconvocatoria
Según CC.OO., la decisión de desconvocar la huelga responde a la necesidad de reorganizar la movilización. El sindicato busca una convocatoria más ajustada a la realidad, que sea sostenible y viable para quienes comparten la necesidad de un acuerdo real sobre la jubilación anticipada. Esta estrategia busca fortalecer la posición del sindicato en futuras negociaciones y asegurar que se escuchen las demandas de los trabajadores del sector.
Incumplimientos y bloqueos en las negociaciones
La situación actual del transporte de mercancías y viajeros se caracteriza por incumplimientos de los acuerdos firmados anteriormente. CC.OO. señala que no se ha presentado la solicitud ante el organismo competente, a pesar de que el compromiso se firmó el 24 de octubre. Además, el acuerdo entre Confebus y UGT en el transporte urbano no garantiza la presentación de la solicitud de coeficientes reductores, lo que añade más incertidumbre a la situación. El sindicato critica la falta de acción y la inmovilización de Confebus, sugiriendo que podría haber intereses ocultos que impiden avanzar en las negociaciones.
Un llamado a la acción
Ante este panorama, CC.OO. hace un llamado a los ayuntamientos de las grandes ciudades de España y al Ministerio de Transportes para que intervengan en el proceso. La resolución del conflicto no puede quedar en manos de las grandes compañías de autobús, que podrían priorizar sus intereses económicos sobre los derechos de los trabajadores. La situación exige una respuesta coordinada que garantice un futuro más justo y sostenible para los conductores de autobús y el sector del transporte en general.
