La nueva propuesta de Sánchez para abordar la crisis de vivienda en España.
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La crisis de vivienda en España ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento constante de los precios de alquiler y compra que ha dejado a muchas familias en una situación precaria.
En este contexto, el anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre la creación de una «gran empresa pública de vivienda» ha generado expectativas y debates en el ámbito político y social. Esta iniciativa, que lleva un año en desarrollo, busca abordar la problemática de la oferta de vivienda asequible, un desafío que ha sido ignorado durante demasiado tiempo.
El modelo que el Gobierno español pretende implementar se inspira en experiencias exitosas de otras regiones, especialmente en el País Vasco. Allí, dos empresas públicas, Alokabide y Visesa, han demostrado ser efectivas en la gestión de alquileres y en la promoción de viviendas protegidas. Alokabide se centra en ofrecer alquileres por debajo del precio de mercado, mientras que Visesa se dedica a la construcción de inmuebles protegidos. Este enfoque ha permitido a Euskadi mantener un parque de vivienda social más robusto que el promedio nacional, donde solo el 2% de las viviendas son de este tipo.
La nueva empresa pública de vivienda que propone el Gobierno tiene como objetivo principal la promoción de viviendas con algún tipo de protección pública y la gestión de alquileres asequibles. Una de las características más destacadas de este modelo es el blindaje permanente del parque público, lo que significa que no se podrá recalificar ningún inmueble asociado a financiación pública. Esta medida busca garantizar que las viviendas permanezcan accesibles a largo plazo, evitando la especulación y el aumento de precios que ha caracterizado el mercado inmobiliario en los últimos años.
El anuncio de Sánchez ha suscitado reacciones mixtas. Mientras algunos ven en esta iniciativa una solución necesaria para la crisis de vivienda, otros, como el sector de la construcción, la consideran un enfoque equivocado. Críticos argumentan que en lugar de crear una nueva empresa pública, es fundamental abordar la inseguridad jurídica que enfrentan los propietarios y fomentar la colaboración entre el sector privado y el público. La creación de esta empresa pública representa un paso audaz, pero también plantea interrogantes sobre su efectividad y sostenibilidad en el tiempo.
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