Las agencias de viajes enfrentan nuevos requisitos burocráticos que podrían afectar los precios de los viajes.
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Introducción a las nuevas regulaciones
Desde este lunes, las agencias de viajes, hoteles y empresas de alquiler de vehículos sin conductor deben cumplir con un nuevo registro de viajeros. Esta normativa, impulsada por el Ministerio del Interior, ha generado una fuerte oposición en el sector, especialmente entre las agencias de viajes, que argumentan que estas nuevas obligaciones añaden una carga burocrática significativa y podrían encarecer los precios de los viajes.
Objetivos de la normativa
El objetivo principal de esta regulación es actualizar un sistema que se consideraba obsoleto. Según el Ministerio del Interior, el registro de pernoctaciones data de 1959 y el control de alquiler de vehículos de 1974, sin contemplar las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas y las plataformas digitales de reservas.
La normativa busca proporcionar información precisa y necesaria para las fuerzas de seguridad, garantizando así una mayor seguridad en el sector turístico.
Requisitos de información para las agencias
Las agencias de viajes ahora deben transmitir a la aplicación ses.hospedajes una serie de datos que incluyen nombre, apellidos, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, teléfonos y correo electrónico de los viajeros. Además, deben registrar la relación de parentesco en caso de que alguno de los viajeros sea menor de edad. Este proceso, según las agencias, podría resultar en un aumento de los costos operativos, ya que muchas de ellas son pequeñas y medianas empresas (pymes) con recursos limitados.
Reacciones del sector turístico
La respuesta del sector ha sido contundente. Las agencias de viajes han expresado su preocupación por la carga adicional que representa esta normativa, advirtiendo que podría llevar al cierre de muchas de ellas y a un aumento en los precios de los viajes. Por su parte, los hoteleros también han mostrado su rechazo y están considerando acciones legales para impugnar la normativa. Hasta ahora, se han registrado más de 4,77 millones de datos en la nueva aplicación, lo que ha permitido localizar a miles de personas con requisitorias policiales.
Consecuencias de incumplimiento
El Ministerio del Interior ha dejado claro que esta normativa no tiene un fin recaudatorio, aunque se impondrán sanciones a las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos. Las infracciones leves pueden resultar en multas de entre 100 y 600 euros, mientras que las infracciones graves, como la falta de registros documentales, pueden acarrear sanciones que oscilan entre 601 y 30.000 euros. Esto añade un nivel de presión adicional sobre las agencias de viajes y otros actores del sector turístico.
