La Generalitat adquiere 452 pisos para alquiler social en un esfuerzo por combatir la desigualdad.
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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dado un paso significativo hacia la mejora del acceso a la vivienda al anunciar la adquisición de 452 pisos a InmoCaixa, por un total de 30,5 millones de euros.
Esta medida, presentada durante su intervención en el congreso de la UGT, busca destinar estas viviendas al alquiler social, un aspecto crucial en la lucha contra la desigualdad en el acceso a la vivienda en la región.
Illa ha enfatizado que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos del país, señalando que “hoy es la principal fuente de desigualdad”. Esta declaración resuena con la creciente preocupación de los ciudadanos, especialmente tras la reciente manifestación en Barcelona que exigía la reducción de los alquileres. La Generalitat, consciente de esta problemática, ha implementado un plan ambicioso que incluye la construcción de 50.000 pisos públicos hasta el año 2030, con una inversión de 4.400 millones de euros.
Medidas complementarias para apoyar a las familias
Además de la adquisición de viviendas, el Govern ha anunciado un paquete de ayudas directas que asciende a 500 millones de euros, destinado a familias vulnerables para facilitar el pago del alquiler. También se ha creado un fondo de 100 millones de euros específicamente para jóvenes, con el objetivo de fomentar su acceso a la vivienda. Estas iniciativas se complementan con la regulación de los pisos turísticos y la implementación de un tope a las rentas, medidas que buscan garantizar que las viviendas sean utilizadas para vivir y no como meras inversiones.
Un compromiso con el futuro
El anuncio de Illa se produce en un contexto donde la necesidad de soluciones habitacionales es más urgente que nunca. La participación del presidente en el congreso de la UGT, donde también estuvieron presentes figuras políticas como Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, subraya la importancia de un enfoque colaborativo para abordar esta crisis. La Generalitat está comprometida a trabajar en conjunto con diferentes actores sociales y políticos para garantizar que el derecho a la vivienda sea una realidad para todos los ciudadanos de Cataluña.
