El Consejo de Europa exige cambios en la legislación española sobre despidos improcedentes.
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Contexto de la presión europea
Recientemente, el Consejo de Europa ha intensificado la presión sobre el Gobierno español para que revise la legislación relacionada con las indemnizaciones por despido improcedente. Esta solicitud se origina en una recomendación del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que en julio instó a España a garantizar que las indemnizaciones sean realmente disuasorias para los empleadores.
La intención es proteger los derechos de los trabajadores y asegurar que reciban una compensación justa en caso de despido.
Demandas de la UGT y respuesta del Gobierno
La UGT, uno de los sindicatos más representativos de España, presentó una demanda ante el CEDS en junio de 2022, argumentando que las indemnizaciones actuales no reflejan el daño real sufrido por los trabajadores despedidos.
El CEDS falló a favor del sindicato, basándose en el artículo 24 de la Carta Social Europea, que establece el derecho de los trabajadores a recibir una indemnización proporcional al perjuicio sufrido. A pesar de esto, el Gobierno español, dividido en su respuesta, ha mostrado reticencias a modificar la legislación vigente, que actualmente establece un límite máximo de indemnización de 33 días por año trabajado.
Implicaciones de la normativa actual
La normativa española actual limita las indemnizaciones a un máximo de 24 meses de salario, lo que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones laborales y del propio Consejo de Europa. En casos de despido por causas objetivas, el tope se reduce a 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades. Esta situación ha llevado a que algunos tribunales españoles comiencen a considerar las recomendaciones del Consejo de Europa como base para sus dictámenes, lo que podría abrir la puerta a cambios significativos en la legislación laboral española.
La postura de los partidos políticos
La vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, ha sido una de las voces más críticas, insistiendo en la necesidad de adaptar las indemnizaciones a las circunstancias individuales de cada caso. Sin embargo, el sector socialista del Gobierno se muestra más cauteloso, temiendo un enfrentamiento con la patronal. Esta división dentro del Gobierno refleja la complejidad del tema y la dificultad de encontrar un consenso que satisfaga tanto a los trabajadores como a los empleadores.
