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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una alerta sobre los riesgos de exclusión financiera que enfrentan las personas mayores en las zonas rurales de España. En un contexto donde el cierre de oficinas bancarias se ha vuelto una realidad, especialmente en la llamada España vaciada, la CNMC ha propuesto al Defensor del Pueblo impulsar la retirada de efectivo en comercios rurales como una solución viable.
Entre las iniciativas sugeridas, la CNMC destaca la necesidad de regular modelos como el cashback y el cash-in-shop. El primero permite a los clientes realizar compras en tiendas y, al pagar con tarjeta, solicitar una cantidad adicional en efectivo.
Por otro lado, el cash-in-shop permite a los comercios actuar como cajeros automáticos, facilitando el acceso al efectivo sin necesidad de una transacción previa. Estas alternativas no solo buscan mejorar la accesibilidad al dinero en efectivo, sino que también se enfocan en atender a colectivos vulnerables que carecen de habilidades digitales.
La propuesta de la CNMC también incluye la posibilidad de que las oficinas de Correos ofrezcan estos servicios, siempre que operen de manera abierta y sin exclusividades. Esta medida es crucial, ya que desde 2008, se ha registrado una disminución del 30% en la cantidad de cajeros automáticos en España, consecuencia del cierre de oficinas bancarias y la creciente digitalización del sector financiero. La falta de acceso a servicios financieros básicos puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas mayores y de aquellos con menos competencias digitales.
La CNMC ha manifestado su compromiso de seguir de cerca el desarrollo del sector financiero y su impacto en la competencia. La inclusión financiera es un aspecto fundamental para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica o habilidades tecnológicas, tengan acceso a los servicios que necesitan. La implementación de estas propuestas podría marcar un cambio significativo en la forma en que las comunidades rurales acceden a su dinero y gestionan sus finanzas.
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