Il governo spagnolo ha deciso di prorogare l'imposto energetico dopo un accordo con i partiti.
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En un reciente desarrollo político, el Gobierno español, liderado por la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero, junto al ministro Félix Bolaños, ha alcanzado un acuerdo con los partidos ERC, Bildu y BNG para prorrogar el gravamen extraordinario sobre las grandes empresas energéticas.
Este acuerdo se produce a pesar de un pacto previo con Junts que contemplaba la eliminación de este tributo. La decisión fue anunciada en un comunicado conjunto de las tres formaciones políticas, subrayando la importancia de este impuesto en el contexto actual.
El acuerdo se enmarca dentro de las negociaciones para la ley que transpone la directiva europea sobre el tipo mínimo de tributación para multinacionales. Esta ley ha estado en discusión en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde se ha suspendido la votación final durante más de dos horas. La prórroga del impuesto energético, que se extenderá hasta 2025, fue un requisito irrenunciable para que ERC, Bildu y BNG apoyaran la transposición de la directiva y el paquete energético del Gobierno.
Además de la prórroga del impuesto energético, el acuerdo incluye el compromiso de aprobar en el Pleno del próximo jueves el mantenimiento del impuesto a la banca, que fue rechazado en comisión. También se prevé un aumento en el tramo más alto del impuesto, con la condición de que toda la recaudación se destine a las comunidades autónomas y se coordine con las haciendas forales. Los líderes de ERC, Bildu y BNG han celebrado este “acuerdo equilibrado”, destacando que se ha logrado superar obstáculos y diferencias para avanzar hacia una mayor justicia y progresividad fiscal.
La aprobación de la transposición de la directiva ha estado en el aire hasta el último momento, debido a la negativa de ERC, Bildu y BNG de apoyarla si no se incluía el impuesto energético. Por otro lado, el Partido Popular (PP) ha manifestado su intención de no votar a favor si se incluían subidas fiscales, lo que ha complicado aún más el proceso. A pesar de la falta de un acuerdo con los socios parlamentarios del Gobierno, la comisión ha incorporado varias enmiendas al texto, como la subida del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros, la tributación de los vapeadores y la reforma del impuesto de sociedades.
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