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En los últimos años, el sector energético en España ha estado bajo un intenso escrutinio debido a la implementación de un impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas. Sin embargo, este gravamen está destinado a decaer a finales de año, lo que ha generado un amplio debate sobre el futuro de la fiscalidad en este sector.
La falta de acuerdo entre el Gobierno y Junts ha llevado a la conclusión de que no se convertirá en una medida permanente, lo que plantea interrogantes sobre cómo se regulará el sector en el futuro.
Durante los últimos dos años, la Agencia Tributaria ha recaudado más de 2.400 millones de euros gracias a este impuesto. Sin embargo, la presión ejercida por las empresas energéticas y la necesidad de inversión en el sector han llevado al Gobierno a buscar alternativas. La reciente negociación con Junts ha resultado en un paquete fiscal más amplio que se presentará para su convalidación parlamentaria, lo que podría cambiar el panorama fiscal para las energéticas en España.
Mientras el impuesto extraordinario a las energéticas se desmantela, el sector bancario también experimenta cambios significativos. Se ha introducido un nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, que se aplicará durante tres años y tendrá un carácter progresivo. Este impuesto, que gravará los ingresos de las entidades de crédito, es parte de un esfuerzo más amplio para ajustar la fiscalidad en respuesta a las demandas de los partidos políticos y la situación económica actual.
Una de las medidas más destacadas que se ha acordado es el Impuesto Mínimo Global, que afectará a grandes grupos empresariales con ingresos superiores a 750 millones de euros. Este impuesto establece un tipo mínimo del 15%, lo que representa un cambio significativo en la forma en que se gravan las grandes multinacionales en España. Esta medida busca asegurar que las grandes corporaciones contribuyan de manera justa a la economía española, especialmente en un contexto donde la desigualdad fiscal ha sido un tema candente.
Además de los cambios en el sector energético y bancario, el Gobierno también ha decidido equiparar la tributación del diésel a la gasolina, eliminando la bonificación actual del diésel. Esta medida, que entrará en vigor en 2025, busca abordar las preocupaciones ambientales y fiscales. Asimismo, se ha anunciado un nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos, con el objetivo de reducir el consumo entre los jóvenes y actualizar la fiscalidad del tabaco.
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