El Ejecutivo está trabajando en nuevas estrategias para enfrentar la situación crítica de la vivienda en España, la cual ha sido calificada como una “crisis social que afecta a miles de ciudadanos”. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, anunció el miércoles que el Gobierno está elaborando unos Presupuestos Generales que incluirán una significativa inversión económica, la oferta de más terrenos públicos, medidas para restringir el aumento de alquileres y un plan para proteger el patrimonio de viviendas públicas de manera indefinida.
Rodríguez hizo estas declaraciones durante una sesión en el Congreso dedicada al tema de la vivienda, donde discutió las iniciativas implementadas en lo que va de legislatura y aquellas que están por venir. “Nos quedan tres años de mandato y muchas acciones por llevar a cabo”, subrayó la ministra.
Para avanzar en las políticas de vivienda, es fundamental contar con recursos, como los que ha establecido la Generalitat de Catalunya. La ministra destacó el compromiso de Salvador Illa, quien ha planeado movilizar 4.400 millones de euros en los años venideros, instando a otras comunidades autónomas a seguir su ejemplo.
Además, el Gobierno está abierto a negociar un fondo europeo de vivienda con la Comisión Europea, según declaró Isabel Rodríguez. La expansión del parque público de viviendas es una de sus principales prioridades. Se están realizando esfuerzos en este sentido, con la activación del Sepes, que tiene bajo su gestión 18.000 viviendas, además del proyecto Viena de la Sareb y del ICO. Sin embargo, la ministra insistió en la necesidad de ir más allá para abordar la escasez de viviendas públicas, recordando que la construcción de viviendas de protección oficial ha sido casi inexistente desde 2012. Por ello, el Gobierno ha propuesto asegurar la protección indefinida del parque de viviendas públicas, una tarea compleja que requerirá la colaboración de las comunidades autónomas, según Rodríguez.
La ministra ha enfatizado la necesidad de ofrecer la máxima protección al régimen de vivienda pública para evitar que en el futuro estas propiedades se desvíen hacia el mercado privado. Según ella, “los esfuerzos del Estado deben ser permanentes”. Agregó que si se analizan los errores del pasado, es posible prevenir fallos en el presente. También mencionó la intención de movilizar más terreno destinado a aumentar el parque de vivienda pública, incluyendo terrenos de diferentes ministerios, no solo del Ministerio de Defensa. Además, ha vuelto a solicitar al Partido Popular su colaboración en la ley de Suelo, que actualmente está detenida en el Congreso.
Respecto al alquiler, Rodríguez ha planteado acciones para limitar los precios de los arrendamientos, siempre dentro del marco de las competencias regionales. Rechazó el abuso por temporadas, el uso ilegal para fines turísticos y el hacinamiento en viviendas. Su enfoque se centra en aumentar la disponibilidad de viviendas y reducir los costos de los alquileres, sugiriendo también el uso de medidas fiscales para incentivar o penalizar ciertos comportamientos.
El Gobierno reconoce que los precios de la vivienda contribuyen a aumentar la desigualdad. Rodríguez destacó un dato alarmante del último informe del Banco de España: el 45% de los inquilinos que pagan precios de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión social. “Nuestro principal objetivo es cambiar esta realidad”, afirmó. La ministra aseguró que “el Gobierno es consciente de la gravedad de este asunto” y que buscar soluciones es una prioridad en esta legislatura.
El Gobierno tiene el objetivo de enfocar la próxima reunión de Presidentes, programada para antes de que termine el año en Cantabria, en el tema de la vivienda. Los miembros del PSOE, levantándose, han mostrado su apoyo a las estrategias y el plan de trabajo de Rodríguez y su grupo.
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