En la actualidad, la aplicación de un impuesto especial sobre las ganancias de las grandes empresas energéticas en España carece del respaldo parlamentario suficiente para perdurar. La principal resistencia proviene de Junts, que es un aliado del gobierno de Pedro Sánchez, pero que está condicionando todas las decisiones en el Congreso.
Esta formación política catalana se opone a transformar el gravamen provisional en un impuesto permanente y se lo ha comunicado al PSOE. El propósito del grupo parlamentario que lidera Miriam Nogueras es asegurar que una inversión de 1.100 millones por parte de Repsol en Tarragona pueda llevarse a cabo.
Repsol está realizando esfuerzos significativos para combatir el impuesto a las energéticas, tal como se indica en el Plan Fiscal Estructural que el Gobierno envió a la Comisión Europea la semana pasada. La multinacional, bajo la dirección de Josu Jon Imaz, ha estado en contacto con Junts para intentar paralizar estas iniciativas fiscales, según informan fuentes del sector. La colaboración de este grupo catalán es fundamental para la aprobación del impuesto en el Parlamento. Junts ha solicitado la eliminación del impuesto energético a cambio de que Repsol avance en su millonaria inversión en Tarragona, según informantes que conocen los detalles de las conversaciones.
La inversión incluye la construcción de una ecoplanta para la producción de metanol y bioetanol renovables, con un coste previsto de 800 millones, así como el mayor electrolizador de España para la producción de hidrógeno verde, relacionada con esta planta y valorada en 300 millones, ubicada en El Morrell. En conjunto, Repsol tiene 1.100 millones en juego a la espera de que se clarifiquen los planes fiscales del Gobierno. Por lo tanto, Junts coincide en que si el impuesto energético no se convierte en una carga perpetua, Repsol podrá llevar a cabo la inversión prometida en el puerto de Tarragona, razón por la cual se opone a su modificación para establecerlo como un impuesto permanente.
La colaboración entre Junts y Repsol está obligando al PSOE a posponer continuamente la presentación de enmiendas al proyecto de ley que propone un impuesto adicional destinado a asegurar un nivel mínimo de tributación para grandes grupos multinacionales y nacionales. Esta situación ha permitido la consideración de posibles reformas fiscales que dependen en gran medida de los aliados de la investidura, principalmente de Junts. En el día de hoy, el plazo para presentar estas modificaciones ha sido prolongado hasta el 30 de octubre. Por otro lado, el PNV, un partido clave en relación al impuesto energético, también ha expresado su oposición. Andoni Ortuzar, presidente del EBB, ha calificado estas medidas fiscales como «irregulares» y ha recordado un acuerdo con el PNV sobre la regulación del impuesto. Además, ha sugerido la posibilidad de aplicar bonificaciones a este tributo en Euskadi.
