Mi padre falleció cuando yo tenía ocho años. Era el más pequeño de tres hermanos y mi madre, al quedar viuda, tuvo que esforzarse enormemente para mantener a nuestra familia. En un país sin un sistema de protección social, es probable que hubiera tenido que iniciar mi vida laboral muy pronto, sin la oportunidad de acceder a una educación básica.
No obstante, gracias al apoyo de la familia y a diversas becas, logré finalizar mis estudios de bachillerato, realizar una carrera universitaria, formarme como investigador en el extranjero y hasta completar una tesis doctoral. Muchas personas contribuyeron a través de sus impuestos para que pudiera alcanzar mi lugar actual en la sociedad, algo que siempre llevo presente.
Los debates sobre la fiscalidad son válidos en una sociedad democrática. En un sistema democrático consolidado, la discusión sobre la redistribución de la riqueza a menudo marca la diferencia entre unas propuestas políticas y otras. En este contexto, siempre he apoyado una política fiscal que priorice la redistribución. Considero que un impuesto sobre la renta con tasas progresivas y una evaluación justa sobre las rentas de capital y las ganancias patrimoniales son fundamentales para lograr una sociedad más equitativa. Ni siquiera en mi ámbito personal, donde puedo optar por una elección fiscal más beneficiosa, tiendo a hacerlo, en parte porque pienso en los niños de ocho años que, hoy, necesitan de mis contribuciones tributarias.
La inversión en el sector energético se reducirá al mínimo si se mantiene el impuesto especial.
Me resulta especialmente desagradable la demagogia relacionada con los temas fiscales. Recientemente, los partidos en el Gobierno han decidido presentar un plan para establecer de manera continua un nuevo impuesto sobre el sector energético, además del que, como cualquier otra compañía, pagan por sus beneficios a través del Impuesto de Sociedades. No se está produciendo un verdadero debate al respecto. No existe un análisis profundo de las implicaciones de esta medida. Ni siquiera hay un diálogo abierto con las industrias afectadas. Todo se reduce a un discurso populista que clama: “que las empresas paguen para ayudar a quienes están en dificultades”. Muchos políticos, que en privado admiten que esta duplicidad en la tributación es un error, no se atreven a manifestar su desacuerdo por miedo a ser tildados de defensores de los “ricos y las empresas”, arriesgándose a ser atacados por las masas como “antisociales”.
No tengo la intención de centrarme solo en argumentos legales sobre cómo el pagar dos veces por un mismo concepto, como es el beneficio, eventualmente terminará siendo anulado en los tribunales, algo que seguramente sucederá. Solo hay que observar el costo que implica para los ciudadanos cada año la anulación de decisiones fiscales que son discriminatorias e ilegales. El problema es que, cuando esto ocurra, los actuales responsables políticos probablemente ya no estarán en sus cargos. No tendrán que enfrentar las consecuencias de sus políticas populistas e ilegales. Serán otros quienes cargarán con las devoluciones a las empresas. Asimismo, no quiero limitarme a resaltar su naturaleza discriminatoria (¿por qué este sector debe asumir esta carga, mientras que otros, afortunadamente bien situados, no?). Me interesa reflexionar sobre el impacto real que un aumento impositivo de este tipo puede tener en la economía cotidiana, la que dista mucho de decisiones populistas.
Mi generación pudo acceder a trabajos en el sector industrial, el cual proporciona empleos sólidos y remunerativos. Esta industria no solo promueve la estabilidad laboral, sino que también sustenta los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, impulsando el progreso social. Tales entornos son atractivos para el talento. Los salarios competitivos generan impuestos altos que financian un sistema de bienestar social, contribuyendo al desarrollo de sociedades más prósperas y equitativas. En España, la contribución de la industria al PIB ha disminuido del 18,8% en el año 2000 a un 14,2% en 2023. Cada vez es más común que los empleos provengan del sector servicios, muchos de los cuales ofrecen un bajo valor añadido. Estas posiciones suelen ser mal remuneradas, temporales y dificultan que los jóvenes logren independencia y establezcan sus propios proyectos de vida. Es imperativo apoyar a la industria, ya que muchas de estas empresas se enfrentan a la competencia de productos importados en nuestros puertos. Si nuestras industrias no logran competir, corren el riesgo de cerrar, lo que lleva a la pérdida de empleos y limita las oportunidades de un futuro mejor para muchas personas.
España se destaca como un referente en el sector de refinerías a nivel europeo. Esto no solo asegura un suministro constante de combustibles como gasolina y diésel, incluso durante situaciones críticas como la pandemia y el inicio del conflicto en Ucrania, sino que también crea más de 200.000 puestos de trabajo, ya sean directos, indirectos o inducidos. Asimismo, este sector fundamental promueve la estabilidad del empleo industrial en las principales áreas químicas del país, como Tarragona y Huelva. En contraste, en los últimos 15 años, Francia e Italia han cerrado el 50% de sus refinerías. La refinería de Grangemouth, situada en Escocia, fue la más reciente en anunciar su cierre, lo que resultará en la pérdida de numerosos empleos industriales. Las refinerías en España tienen planeadas inversiones que rondan los 10.000 millones de euros en los próximos años. La meta es mantener su competitividad frente a los productos que provienen de regiones como Oriente Medio, India o Estados Unidos, al tiempo que se avanza en la descarbonización, enfocándose en la producción de combustibles cada vez más sostenibles para reducir la emisión de CO2.
La competitividad frente a naciones con costos bajos y la realización de grandes inversiones requieren no solo de recursos significativos, sino también de una clara visión y tecnología avanzada. Sin embargo, muchas empresas europeas han decidido no tomar este camino, optando por cerrar sus refinerías. Como consecuencia, se producen pérdidas de empleos en la industria, siendo necesario importar estos productos a través de los puertos europeos. Las compañías españolas del sector, incluida la que represento, estamos planeando realizar inversiones. Reconozco que el desafío financiero y tecnológico es considerable, pero creemos firmemente que es esencial seguir apostando por la industria y por el empleo. Actualmente, el populismo fiscal está castigando esta actividad con un gravamen desfavorable que dificulta la posibilidad de inversión. La situación ya era complicada respecto a la inversión energética en Estados Unidos, pero esto dificultará aún más la competencia. Aunque mi opinión no tiene gran relevancia, insto a quienes apoyan esta iniciativa a revisar las conclusiones de la Comisión Europea sobre dicho gravamen o el Informe Draghi.
El ritmo de inversión en el ámbito energético en España se reducirá drásticamente. Se estima que miles de millones de euros se dirigirán a otras naciones. El sector de refino español podría enfrentar serias dificultades para subsistir antes de que finalice esta década, especialmente en el contexto de la descarbonización. Esto conllevará a la creación de numerosos empleos en servicios que aportan poco valor y, lamentablemente, con remuneraciones bajas. Asimismo, nuestra red de protección social podría verse comprometida a futuro, ya que el tipo de empleo creado y la escasez de recursos generados por la pérdida de puestos de trabajo nos llevarían a un modelo de competitividad que dista de los estándares que deberíamos alcanzar.
La ausencia de aprecio social hacia la importancia de las empresas, junto con la acumulación de normativas, está ahogando al sector. Las restricciones en lugar de incentivos, así como las políticas fiscales que obstaculizan la creación de empleo y riqueza, son acciones populistas que, bajo el pretexto del bienestar social, amenazan gravemente el futuro del país. Me preocupa enormemente que los niños que enfrentan dificultades hoy en día no tengan, en varias décadas, las mismas oportunidades que nosotros disfrutamos. Me duele aún más pensar que su futuro puede verse afectado por discursos populistas que atacan a las grandes corporaciones y a los más acaudalados, o que simplemente se convierta en un precio a pagar para que Sumar mantenga su apoyo al gobierno.
