Foment del Treball ha instado a la Generalitat a que actúe para impedir que el impuesto extraordinario sobre las empresas energéticas se haga permanente, como pretende el Ejecutivo. Esta organización empresarial catalana sostiene que dicha medida discrimina al sector energético y advierte que, si se materializa, varias importantes inversiones podrían estar en peligro, incluyendo el proyecto de Repsol valorado en 1.000 millones de euros en la petroquímica de Tarragona.
Josep Sánchez Llibre, su presidente, ha manifestado que “este impuesto representa un lastre para la industria que se enfrenta a la competencia internacional”. Añadió que “no tiene función redistributiva y termina perjudicando la competitividad, lo que afecta las inversiones, la continuidad de actividades y el empleo en el sector”.
Foment recuerda que el Gobierno ha hecho un compromiso con el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que tiene como meta 2030 y originalmente contempla una inversión superior a 300.000 millones de euros. La patronal indica que, debido a este gravamen, dichos proyectos no serán viables económicamente. También destacó que esta medida atenta contra la seguridad jurídica y regulatoria, además de ocultar un “intento recaudatorio”. Por otro lado, advierte que el impuesto podría provocar desequilibrios entre territorios y afectar la libre competencia. Según Foment, si alguna comunidad autónoma pudiera compensar este impuesto para las empresas ubicadas en su región, se generaría una desigualdad y competiría de manera desleal, refiriéndose claramente al acuerdo establecido entre el Gobierno y el País Vasco.
