El gobierno de Baleares implementará un nuevo esquema de alquiler con el objetivo de movilizar parte de las 100,000 viviendas desocupadas en las islas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Bajo la dirección de Marga Prohens, se alquilarán propiedades que lleven vacías más de seis meses y posteriormente se ofrecerán a inquilinos a un precio un 30% inferior al del mercado.
Se estima que unas 2,000 viviendas podrían ser incorporadas al sector del alquiler a través de esta iniciativa.
Este proyecto será llevado a cabo en alianza con profesionales del sector inmobiliario y administradores de fincas, quienes facilitarán la conexión entre los propietarios y el gobierno.
En cuanto al límite de precios, las viviendas en Mallorca y Menorca no podrán superar los 1,500 euros al mes, mientras que en Eivissa y Formentera el máximo será de 2,100 euros. Así, los inquilinos no pagarán más de 1,050 euros en las dos primeras islas y 1,470 euros en las otras dos. Para estimular el alquiler de estos inmuebles vacíos, se ofrecerán diferentes modalidades de pago, que podrán ser mensuales, anuales o en un solo abono por los siete años que durará el programa. Además, los propietarios tendrán la opción de deducir el 70% de sus ingresos.
Durante la presentación de esta propuesta, la presidenta del Govern, Marga Prohens, señaló: «Nuestro objetivo es eliminar los obstáculos que mantienen a muchos propietarios de viviendas vacías, que, como nos indican los agentes del sector, prefieren dejar sus inmuebles desocupados debido a preocupaciones sobre impagos, daños o experiencias negativas». El gobierno prevé que la inversión necesaria para el desarrollo de este programa ascienda a alrededor de 12 millones de euros anuales.
El Govern asignará las viviendas a ciudadanos que tengan un mínimo de cinco años de residencia en Baleares. Además de este requisito, se estipula que estas propiedades deben ser la residencia habitual y permanente del nuevo arrendatario durante la duración del contrato, por lo que no se podrán utilizar para fines diferentes, como el alquiler turístico.
Las personas que deseen alquilar podrán tener unos ingresos anuales que no excedan los 60.667 euros si son un solo inquilino, y 68.250 euros si son dos. Asimismo, los arrendatarios no podrán poseer ni tener ningún derecho de uso o disfrute sobre otra vivienda en la isla donde se pretende alquilar. También se establece que el arrendatario no podrá tener relación familiar hasta el tercer grado con el propietario.
Por su parte, los propietarios no podrán ser grandes tenedores. Solo se aceptarán viviendas vacías desde hace seis meses o más, o que no cuenten con ningún empadronado en el último año. Además, las propiedades deberán tener al menos tres años de antigüedad y estar en condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento para que puedan ser ocupadas de inmediato.
Los colegios encargados de la gestión de fincas y de los agentes inmobiliarios se responsabilizarán de la captación y promoción de estas viviendas, así como de la identificación de posibles inquilinos. Proporcionarán atención y asesoría gratuita a propietarios e inquilinos interesados, y realizarán un informe sobre el estado de la vivienda, así como la tasación del alquiler que deberá abonar la Administración a los propietarios.
La situación habitacional en las Islas Baleares ha alcanzado unas proporciones alarmantes, ya que las autoridades han observado que un número significativo de trabajadores que llegan a las islas para la temporada se ven forzados a vivir en caravanas o en asentamientos informales debido a la falta de opciones de vivienda. En Eivissa, varios de estos asentamientos han sido desmantelados y se están identificando casos similares en Mallorca.
El archipiélago se sitúa como la región con los precios de vivienda más altos de España, superando a Madrid y Cataluña. En Mallorca, el alquiler promedio se sitúa en 1.500 euros, y actualmente es muy difícil encontrar un departamento en Palma por menos de 900 euros al mes, incluso si se trata de espacios de alrededor de 30 metros cuadrados. A pesar de que el alquiler turístico ha sido prohibido en la ciudad desde 2018, la situación sigue siendo desalentadora.
