El capitalismo en España ha enfrentado, desde sus inicios, problemas persistentes para generar empleo adecuado y en cantidad suficiente. A lo largo del siglo XX, ni siquiera el Plan de Estabilización de 1959 ni los esfuerzos por industrializar el país lograron resolver esta situación.
El turismo y la construcción continuaron siendo los pilares del crecimiento, complementados por la emigración. Hubo un breve intento de transformación durante los últimos años del siglo pasado, cuando España se convirtió en un destino clave para la inversión industrial global, lo que impulsó el empleo temporalmente.
Sin embargo, factores como la globalización, la introducción del euro, las políticas del Banco Central Europeo y la expansión desmesurada del mercado inmobiliario alteraron el panorama, dando lugar a un significativo aumento de la inmigración, cuya explosión tuvo un efecto devastador en el sector industrial.
En la actualidad, una nueva ola migratoria se une al próspero sector turístico y la restauración, que son los principales motores del empleo en el país, donde la población extranjera ya representa el 25%. Estos inmigrantes también se integran en áreas como el transporte, la construcción, la agricultura y los servicios domésticos, siendo en este último sector la mano de obra foránea el 45% del total, de acuerdo a los datos de afiliación ofrecidos por Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.
El crecimiento económico y la creciente desigualdad aparecen como dos aspectos inseparables del capitalismo español.
La inmigración trae consigo efectos positivos que van más allá de la economía. Contribuye al crecimiento económico, genera más oportunidades laborales para los residentes locales, expande el mercado y favorece la sostenibilidad del Estado del bienestar. Sin embargo, también oculta las carencias tradicionales del capitalismo español, que ha tenido dificultades para incrementar la productividad y los salarios.
Así, a pesar de los buenos indicadores de crecimiento que superan notablemente a otras importantes economías de la eurozona, al Gobierno le resulta complicado que la población comparta su optimismo. Carlos Cuerpo, el ministro competente, ha comenzado a ser más proactivo en comunicar estas noticias favorables, aunque su estilo no sea el más carismático del gabinete.
La economía está avanzando con fuerza y cada revisión muestra cifras más alentadoras. Tanto el consumo interno como las exportaciones están en ascenso, y la situación laboral se mantiene positiva, con una tasa de desempleo que ya se sitúa en el 11%, acercándose a los niveles que se registraban antes del colapso del sector inmobiliario en 2008. Este dato es particularmente significativo, ya que indica que una proporción considerable de la población, especialmente los jóvenes, tiene empleo. Sin embargo, el Gobierno enfrenta retos para hacer que esta narrativa de mejora económica resuene favorablemente entre los ciudadanos.
Los mismos datos sugieren que gran parte del crecimiento económico se atribuye al incremento poblacional, impulsado por la inmigración, pero no a un aumento en la riqueza por persona. Esto varía, por supuesto, dependiendo de la región. Para las grandes empresas, el crecimiento poblacional se traduce en un mercado más amplio y, por ende, en mayores ventas y beneficios para sus propietarios y accionistas. Sin embargo, este fenómeno, junto con una creciente desigualdad, se manifiesta en la reducción de la proporción de salarios en comparación con los beneficios en la distribución de la renta. Entre los jóvenes, la combinación de salarios bajos y el alto costo de la vivienda constituye una situación extremadamente delicada.
Para muchos, el crecimiento económico no se traduce en un aumento de su capacidad para consumir ni en una mejora de su calidad de vida. Resulta alarmante que los niveles de consumo se encuentren por debajo de los de hace veinticinco años, a pesar de los beneficios que han traído el aumento del salario mínimo y las reformas laborales. El costo de la vivienda, que representa una gran parte del presupuesto familiar en los hogares con menos recursos, es un verdadero milagro que no haya estallidos sociales. Es necesario encontrar soluciones a esta situación de frustración y enojo.
La reciente source de malestar ha sido la inflación; aunque ha sido controlada, los incrementos en los precios parecen haber llegado para quedarse. Los ciudadanos lo sienten cada vez que realizan compras y comparan precios con los de hace un par de años.
La economía de España continúa sufriendo debido a su dependencia de sectores poco eficientes, a pesar de los esfuerzos por transformar el modelo económico. Aunque aún es temprano para llegar a conclusiones definitivas, no parece que los fondos europeos destinados a la recuperación vayan a alterar esta tendencia.
En el contexto económico actual, caracterizado por una elevada financiarización y la presencia de capital volátil que entra y sale sin casi controles, es complicado para los gobiernos, incluso para la Unión Europea, encontrar respuestas adecuadas. La cuestión de la vivienda es un claro ejemplo de esto, donde se cruzan intereses opuestos de propietarios, aspirantes a tener vivienda propia y arrendatarios que ganan poco. Además, hay fondos que buscan altos beneficios sin considerar el impacto social o local, y hordas de turistas en busca de alojamiento a bajo costo. Los gobiernos se encuentran en la encrucijada entre permitir el libre funcionamiento del mercado o intervenir antes de que se produzca un estallido social. La opción de ofrecer subsidios o ayudas surge con frecuencia, pero a menudo puede resultar humillante para quienes las reciben, quienes se sienten desatendidos, mientras que los contribuyentes se indignan al verlo como un acto de saqueo.
La economía convencional aboga por un mayor énfasis en el mercado. Sin embargo, como señala Robert Skidelsky, biógrafo de Keynes, “la falta de comprobación empírica de las principales hipótesis en la economía lleva a una tendencia notable a caer en el ámbito de la ideología. La aspiración a ser científica oculta la naturaleza retórica de muchas de sus propuestas”. Hay un problema en el campo económico.
