Para cumplir con su promesa a Bruselas de establecer impuestos permanentes sobre las empresas energéticas y bancarias, el Gobierno español deberá enfrentar primero la resistencia de las compañías afectadas. Estas han intensificado sus esfuerzos al darse cuenta de que el gravamen temporal podría volverse definitivo.
Posteriormente, el Gobierno tendrá que asegurar respaldo en el Parlamento, lo cual ha demostrado ser complicado y costoso en esta legislatura. En el ámbito político, el PNV y Junts son fundamentales para aprobar la legislación que transforme este impuesto en algo fijo.
El PNV ya ha expresado su desacuerdo con este tipo de tasas y exige que, si se implementan, se gestionen conjuntamente con la administración vasca, manteniendo así su autonomía fiscal. Esto les permitiría modificar los tipos impositivos y ofrecer bonificaciones. En cuanto a los catalanes, aunque su oposición a estos impuestos es conocida, todavía no han manifestado públicamente su postura en esta ocasión. A día de hoy, tanto el PNV como el Gobierno vasco no han confirmado si otorgarán estas bonificaciones si se establece un acuerdo con las autoridades fiscales vascas. Prefieren mantener un perfil bajo en sus negociaciones con el Gobierno central, algo que muchos anticipan. Empresas como Repsol e Iberdrola tienen una significativa presencia en el País Vasco y mantienen una relación activa con el PNV, que presta atención a sus inquietudes.
El gravamen en cuestión no fue establecido debido a que no califica como un impuesto en términos técnicos. En este contexto, el PNV se beneficia de un factor que otros partidos no poseen: la autonomía fiscal del País Vasco obtención a través del concierto. Este aspecto es fundamental en las negociaciones y se puede afirmar que el respaldo del PNV en este asunto estará condicionado al compromiso del Gobierno central en relación a la concertación del gravamen con las entidades fiscales vascas. Gracias a esta concertación, se podrá decidir sobre la implementación de bonificaciones. Es competencia de las diputaciones forales vascas desarrollar la normativa foral con rango de ley, siempre que se alcance un acuerdo sobre el impuesto. Hasta la fecha, no se había concertado el gravamen aplicado a las empresas eléctricas, ya que no se considera un impuesto, sino más bien una contribución patrimonial temporal. Por este motivo, al no alcanzar un acuerdo sobre la capacidad de recaudación y la normativa de inspección del gravamen, el PNV estableció un acuerdo hace dos años con el Gobierno para que el 6,24% de la recaudación resultante del gravamen fuera transferido al País Vasco. No obstante, en el caso de que se convierta en un impuesto permanente, se requeriría una concertación específica con las entidades vascas, que tendrían autonomía sobre este tema. Esto contrasta con la situación de Junts, que puede negociar sobre el impuesto en su totalidad, pero no de manera particular para Cataluña. Esa es una de las desventajas de no disponer de un concierto económico. Junts y otras formaciones políticas pueden focalizarse en los incentivos que el propio Gobierno español ha prometido a las empresas energéticas, los cuales están sujetos a inversiones sostenibles y permitirían deducciones fiscales sobre la tasa. Esta semana, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que se realizarán ajustes en estas tasas, considerando las necesidades y objetivos de inversión de las empresas relacionadas con la expansión de redes eléctricas en España, donde hay margen para crecer.
Por el momento, no se han especificado ni el formato ni la cantidad de estos incentivos o ajustes. El ministro Cuerpo ha sugerido adaptar la tasa a las inversiones de las firmas, aunque sin entrar en detalles. La Agencia Tributaria recaudó 2.224 millones de euros este año y el anterior por el impuesto a las empresas energéticas, que se implementó junto con el impuesto a la banca en un contexto de altos precios de la energía, ya que el Gobierno buscó gravar los llamados beneficios extraordinarios. Actualmente, el Ejecutivo sostiene que esta medida ha funcionado, no ha afectado negativamente al sector, dado que ha sido compatible con sus mejores resultados, y considera que es lógico hacerla permanente. Este impuesto ha sido cuestionado en los tribunales y las compañías energéticas argumentan que carece de un fundamento jurídico robusto. Además, señalan que, a diferencia de otros países europeos que han eliminado esta tasa tras la crisis, España pretende mantenerla de manera indefinida. Esta situación ha llevado a las empresas del sector a advertir sobre la posibilidad de congelar o redirigir inversiones hasta que se definan claramente los planes fiscales del Ministerio de Hacienda.
