Voy a relatarles una historia breve. Estamos hablando de una empresa familiar de Cataluña que ve la tesorería como un activo esencial en su gestión. Esto le permite evitar endeudarse, competir más eficazmente y manejar el incierto futuro con mayor seguridad.
Cada año, destina recursos significativos a proyectos de investigación y desarrollo, y también realiza inversiones continuas, al mismo tiempo que distribuye un tercio de sus ganancias en dividendos. Todas estas inversiones se financian internamente. Esta empresa no juega con su tesorería ni la administra de la misma manera que lo haría un ahorrador individual.
De hecho, no invierte en ningún tipo de activos financieros. Además, opera en un sector delicado que conoce bien, debido a sus experiencias pasadas.
Sin embargo, la inspección correspondiente opina que la compañía no requiere de todo ese capital, sino de una cantidad mucho menor. Esto no es una invención; es una situación común y verídica. Podría considerarse un simple asunto anecdótico si no fuera por las implicaciones fiscales que conlleva, en particular, la exención por ser una empresa familiar en el impuesto sobre el patrimonio. Esta exención se aplica únicamente sobre el valor de los activos en funcionamiento, o más precisamente, sobre los recursos utilizados en la actividad, excluyendo aquellos que no lo estén.
A pesar de que a menudo destacamos la relevancia de las empresas familiares catalanas, la rutina diaria puede ir desgastando la motivación para avanzar.
La inspección sostiene que la empresa no ha justificado adecuadamente el uso de su tesorería y demanda el pago del impuesto que no goza de exención. A mi juicio, la tesorería debería considerarse un recurso empresarial, a menos que se pueda demostrar objetivamente un uso diferente, como su manejo como ahorro.
Les aseguro que se ha presentado una cantidad de documentación que es difícil de superar.
Aunque tengo mis reservas, no se trata únicamente del evento en cuestión, sino de lo que implica. Tengo dos puntos de disconformidad. Primero, considero que es ineficaz presentar toda la documentación solicitada a la inspección, si al final solo aplican criterios rígidos conocidos desde el inicio. Siento que mi tiempo y esfuerzo son en vano, ya que todo se reduce a un formulario financiero genérico para todos. Me siento decepcionado. Los ciudadanos que pagamos impuestos no merecemos este trato. Contribuimos con la esperanza de que la justicia no se busque en los tribunales, sino en la manera en que se opera día a día. En la ejemplaridad, la comprensión y la comunicación.
El segundo punto son las repercusiones de esta situación. Hablamos mucho sobre la relevancia de las empresas familiares en Cataluña, pero este desgaste diario va erosionando la motivación para avanzar, asumir riesgos y fomentar la creación de riqueza. Con el tiempo, la confianza en nuestra Administración se desmorona. Todo se convierte en un proceso impersona: cita previa, inteligencia artificial y deshumanización.
