La propuesta de ajuste fiscal que el Gobierno ha presentado a Bruselas esta semana ha creado nuevamente inquietud entre las principales empresas del sector energético en el país. Mientras estas compañías habían incluido en sus planes que el impuesto sobre los ingresos extraordinarios, establecido durante la crisis energética, finalizaría el 31 de diciembre de 2024, el nuevo documento sugiere que esta medida podría volverse permanente.
Ante esta situación, grandes firmas como Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola y Naturgy han decidido modificar su enfoque. En contraste con las protestas abiertas de hace un par de años, ahora optan por la discreción, participando en encuentros en foros empresariales y con representantes del ámbito político.
“Es lógico que realicen una labor de lobby,” comentan fuentes al tanto de estas interacciones. Las compañías energéticas están buscando establecer un diálogo con los aliados del Gobierno. “La idea es hacer entender a los políticos que es crucial dejar de lado las estrategias partidistas para concentrarse en las necesidades del país,” añaden. Estas reuniones se llevan a cabo en diversas instancias y lugares. La justificación para oponerse al impuesto se mantiene sin cambios. Las empresas consideran que no existe un fundamento jurídico robusto que lo sostenga. En 2022, durante el aumento de los precios del gas y la electricidad, ya opinaban que un gravamen del 1,2% para aquellas que facturaran más de 1.000 millones no tenía razón de ser. Actualmente, con la disminución notable de los precios de las materias primas y un escenario internacional diferente, consideran que el impuesto es aún menos defendible. Fuentes que han participado en esas conversaciones indican que uno de los argumentos más relevantes que se están presentando a los grupos políticos es que Europa, que apoyó el impuesto en plena crisis, ha decidido retirarlo ahora.
En este contexto, se señala que la estrategia del Gobierno para establecer el impuesto de manera persistente incluiría una modificación en la legislación que implementa la directiva de la Unión Europea, la cual estipula un tipo impositivo mínimo del 15% sobre los beneficios de las grandes corporaciones y que actualmente está en proceso legislativo. El área de economía propone un incremento fiscal que ascendería a 5.000 millones de euros en los próximos años. Repsol, en su día, fue una de las compañías más reacias al impuesto y hace un año, decidió suspender un plan de inversiones que superaba los millones de euros, afectando a diversas fábricas, hasta que se solucionara esta problemática. Entre las inversiones en espera se encuentran 1.000 millones destinados a una planta ecológica en Tarragona, la cual tiene como objetivo transformar los desechos del área metropolitana de Barcelona en metanol verde para su uso como combustible marítimo y materia prima en la industria química; además, contempla un electrolizador para generar hidrógeno verde. A esto se suman 250 millones de los 500 inicialmente proyectados para la producción de biocombustibles en distintas regiones de España. También subsiste la inquietud general sobre todas las inversiones relacionadas con la descarbonización. Aparte de las inversiones directas, las empresas del sector energético recuerdan que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) contempla una inyección de 308.000 millones de euros, de los cuales el 82% corresponde a inversiones privadas. «Si desean que aportemos capital, deberán facilitar el proceso», enfatizan. Hacen referencia a las deducciones previamente anunciadas por el Gobierno para estas inversiones, de las cuales no ha habido más novedades. Sin embargo, lo que más preocupa a las compañías eléctricas es la compensación que recibirán por el uso de las redes, cuya ampliación tiene previsto un gasto de 53.000 millones en el Pniec, y que también corre el riesgo de verse cuestionada. Este año, la Agencia Tributaria recaudó 1.164 millones gracias al impuesto sobre las energéticas, mientras que el año anterior la cifra ascendió a 1.263 millones.
Si se incorpora el impuesto a las entidades financieras, los ingresos alcanzarían los 2.859 millones de euros en 2024, sumando a los 2.908 millones del año anterior. El Ministerio de Hacienda inició un camino para extender estos impuestos al incluir en la orden de elaboración de los presupuestos generales de 2025, publicada en el BOE en junio, su prórroga. No obstante, la situación ha cambiado y actualmente el proyecto de ley sobre cuentas públicas está paralizado, aguardando las decisiones de Junts y ERC. Repsol ha decidido posponer su ambicioso plan de inversiones hasta que se clarifiquen las directrices fiscales del Ministerio. La permanencia de los gravámenes sobre empresas energéticas y bancarias es solo una parte de la estrategia tributaria del Gobierno, que busca aumentar los ingresos en 5.000 millones de euros, lo que representa el 0,3% del PIB, en un periodo de siete años. Este plan fiscal estructural tiene como meta «mejorar la efectividad del sistema tributario». Se indica que las nuevas políticas impositivas se enfocarán en «elevar la carga fiscal sobre los grandes conglomerados económicos» y en fortalecer los llamados impuestos verdes o ecológicos. Bajo el argumento de «mejorar la eficiencia y suficiencia en la recaudación», el plan estipula que se pretende «incrementar la tributación corporativa de los grandes grupos y profundizar en la fiscalidad ambiental, así como en aquellos impuestos que desalienten consumos no deseados». Desde el área de economía, se caracterizará la política fiscal para los próximos años como «continuista».
