Si el presidente Pedro Sánchez dedicara un tiempo a leer «Por qué fracasan los países» (Destino), podría comenzar a abordar la crisis de vivienda en España. Este libro, escrito por Daron Acemoğlu y James A. Robinson, recientemente recibió el Nobel de Economía debido a su análisis sobre el papel crucial que juegan las instituciones en el bienestar de una nación y sus ciudadanos.
Dentro de este contexto, la seguridad jurídica y la independencia del sistema judicial son esenciales para fomentar la confianza necesaria para un funcionamiento óptimo de la economía de mercado. En la actualidad, España enfrenta una profunda crisis de confianza, ya que las instituciones están decayendo, situación que se ha acentuado desde que el Gobierno progresista asumió el poder.
Como mencionó en su momento el profesor Tierno Galván, “las coaliciones suelen estar vinculadas a la corrupción”. Esta falta de seguridad jurídica ha intensificado la crisis de la vivienda, afectando especialmente a los jóvenes, quienes han visto un incremento superior al 15% en los alquileres de las grandes ciudades en el último año. Esto ha dado lugar a un nuevo movimiento de protesta que exige que “la vivienda sea considerada un derecho y no un negocio”. Este levantamiento es respaldado por más de 40 grupos ciudadanos, partidos de izquierda y movimientos anticapitalistas diversos. Paradójicamente, aquellos que contribuyeron a agravar la situación ahora lideran las manifestaciones. Se trata de un movimiento que propone limitar la economía de mercado, sugiriendo como soluciones la regulación de los precios de alquiler, la restricción de los alquileres turísticos o la prohibición de grandes empresas dedicadas a la construcción de viviendas en alquiler. España requiere aproximadamente 1,5 millones de viviendas públicas con alquiler social para alinearse con la media de la UE.
En España, la situación de las viviendas estatales es alarmante, con apenas 300.000, lo que representa solo el 1% del total, comparado con el 7% en otros países europeos. El presidente Sánchez, consciente del creciente malestar social, ha instado a las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por el PP, a implementar la ley de Vivienda, manifestando su deseo de no ver un país en el que convivan propietarios adinerados e inquilinos en precariedad. Sin embargo, su gestión en los seis años que lleva al mando ha dejado mucho que desear en cuanto a la construcción de viviendas sociales para alquiler. A pesar de sus repetidas promesas en campañas electorales, los datos son claros: se requieren 1,5 millones de viviendas públicas para estar a la par con la Unión Europea.
Aparte de esta deficiencia, la administración actual ha generado un clima de incertidumbre. Sus políticas para limitar los precios de los alquileres han hecho que muchos propietarios pequeños se sientan amenazados, resultando en la retirada de más de 100.000 viviendas del mercado. Los socialistas han alterado el balance entre los derechos de inquilinos y propietarios. Este clima de miedo proviene del temor a ocupaciones ilícitas y a la pérdida de propiedades que estos adquirieron pensando en su futuro o jubilación. El recuerdo de los alquileres regulados de la época franquista aún perturba a muchos.
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha hecho un llamado a proporcionar garantías jurídicas para los arrendadores. Esta inquietud se ha traducido en un incremento notable en la venta de viviendas de segunda mano, ya que la gente se da cuenta de que tener un inquilino puede verse como un problema, eligiendo vender mientras los precios continúan ascendiendo.
La solución a la situación radica en construir más hogares, en lugar de estigmatizar a los propietarios.
