Un considerable número de residentes en alquiler en las ciudades españolas enfrenta grandes dificultades para cubrir sus gastos de vivienda, que incluyen el pago del alquiler y los servicios esenciales. Según un reciente informe del Banco de España sobre el mercado inmobiliario, más del 50% de la población urbana destina el 40% de sus ingresos a estos pagos, cifra que Eurostat señala como indicador de esfuerzo económico excesivo.
Las tasas más altas se registran en las zonas centrales de Andalucía, Canarias, Madrid, Catalunya y la Comunidad Valenciana. Esta situación genera significativos desequilibrios económicos, afectando principalmente a jóvenes e inmigrantes que habitan en alquiler.
El informe destaca que entre 2015 y 2023, el 45% de quienes han vivido en viviendas de alquiler a precios de mercado en España se han encontrado en riesgo de pobreza o exclusión social.
Este dato representa la mayor proporción en comparación con otras economías europeas, superando en 13 puntos a la media de la Unión Europea. Además, la difícil situación del mercado de alquiler ha llevado a un aumento en el número de jóvenes que no pueden independizarse. En 2022, el 66% de las personas de entre 18 y 34 años vivía con sus padres, lo que equivale a dos de cada tres, lo que marca un aumento de trece puntos respecto a 2008; esta tendencia es la más alta entre las principales economías del continente.
Por otra parte, el mismo informe indica que la mayoría de las ofertas de alquiler son proporcionadas por propietarios individuales, refutando la creencia de que los grandes tenedores controlan el mercado.
En 2021, más del 90% de las viviendas en alquiler a precio de mercado pertenecían a individuos, mientras que solo un 8% pertenecía a empresas. La rentabilidad promedio anual se estimó en un 10,5%. Según el Banco de España, para abordar estos desafíos, sería pertinente considerar una “intervención pública” en el sector inmobiliario, siempre que se busque aliviar el “elevado esfuerzo asociado al alquiler”, que podría dar lugar a efectos negativos tanto económicos como sociales en la población. Aunque el organismo no menciona explícitamente la ley de Vivienda, aconseja en su informe “incrementar la oferta a precios razonables, implementando normativas que incentiven a propietarios individuales y concentrándose en brindar apoyo a los hogares más en riesgo”. Solo un 8% de las propiedades en alquiler en el país están en manos de empresas. El informe también sugiere que España requerirá medio millón de viviendas adicionales para 2025 con el fin de balancear el déficit en el mercado inmobiliario. Esta cifra se ha ajustado a la baja en 100.000 unidades, debido a la incertidumbre sobre la evolución de la población y los movimientos migratorios. Un tercio de esta necesidad de vivienda se encuentra en Madrid y Barcelona, que juntas representan cerca de un tercio del total requerido. En cada una de estas regiones, se necesitan alrededor de 70.000 nuevas viviendas en el próximo año. Al considerar las provincias de València, Alicante y Málaga, estas cinco provincias abarcan el 50% del déficit total. En los últimos años, el promedio de permisos para nueva construcción en España ha estado cerca de las 100.000 viviendas anuales. El Banco de España también señala que el sector de compraventa inmobiliaria muestra signos de buena salud.
En los últimos dos años, se han registrado alrededor de 50.000 transacciones inmobiliarias cada mes, según el regulador, lo que representa cifras no vistas desde el auge del sector. Este aumento en la compra de propiedades se atribuye, en gran medida, al crecimiento de la población y a la demanda de personas no residentes, como señala el informe. En 2023, la proporción de compradores extranjeros en el mercado inmobiliario alcanzó niveles récord, con un 21,1% de las compras de vivienda libre realizadas por ciudadanos de otros países. La presencia de estos compradores fue especialmente notable en regiones como Baleares, Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde se alcanzó el 40% y en Alicante superó el 50%, en contraste con el 20% de la media nacional.
Por otro lado, la Agència de l’Habitatge de Catalunya tiene previsto destinar 67 millones de euros este año en ayudas para el alquiler, beneficiando a 27.471 jóvenes menores de 35 años. Este monto representa un aumento del 88,7% en comparación con el año anterior, cuando se asignaron 34,7 millones, según el departamento de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Las ayudas se han concedido tras analizar más de 36.000 solicitudes. Estas subvenciones, que varían entre 20 y 250 euros, están dirigidas a aquellos que no enfrentan un riesgo inmediato de exclusión, pero requieren asistencia para mantener su hogar. La administración evalúa también la ubicación del inmueble, lo que determina el límite máximo del alquiler que puede ser subsidiado, que oscila entre 950 euros por vivienda y 450 euros por habitación en Barcelona, y 600 euros por vivienda en Tarragona, Lleida y las Terres de l’Ebre.