El Ministerio de Trabajo ha alertado a los empresarios sobre las repercusiones de no unirse al pacto destinado a la reducción de la jornada laboral. Aunque se asumía previamente, hoy se ha decidido formalizarlo por escrito. Rechazar el acuerdo acarreará consecuencias, y si la CEOE opta por no participar, se perderán incentivos, como el plan Pyme 375, que ofrece bonificaciones a las empresas con diez o menos empleados, las cuales suelen enfrentar mayores dificultades para implementar la disminución de horas de trabajo.
Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha afirmado esta mañana que el debate se centra en si la reducción de la jornada se realizará mediante un acuerdo tripartito o no, subrayando que se avanzará independientemente de la CEOE. También ha mencionado el apoyo que se está brindando a las empresas con menos de cinco trabajadores, pero recalca que corresponde a la CEOE decidir si prefiere esta vía o una aplicación estricta de la normativa.
En este contexto, ha relacionado la situación actual con la reciente discusión sobre el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de este año, donde se ofreció un incremento del 4% en caso de alcanzar un acuerdo, cifra que se elevó al 5% debido a la ausencia de la CEOE en las negociaciones.
A pesar de las advertencias, Díaz ha intentado proyectar un panorama optimista en relación a las negociaciones, enfatizando que un acuerdo es factible y instando a los empresarios a actuar antes de la próxima reunión del diálogo social, programada para el 29 de este mes.
Expertos en el ámbito laboral han señalado que la posible eliminación de incentivos es un aspecto común en los procesos de negociación. En estos casos, si una de las partes no logra llegar a un acuerdo, generalmente se pierde cualquier beneficio previamente discutido. Un ejemplo de esto sería la eliminación del plan Pymec 375, destinado a ofrecer bonificaciones a las pequeñas y medianas empresas, con la intención del ministerio de apoyar su adaptación, ya que estas son las más afectadas por estos cambios, además de servir como un punto para acercar posiciones con la patronal.
No obstante, estas bonificaciones no son el único tipo de apoyo que podría verse afectado. Si se llega a un acuerdo, también se podría considerar ofrecer mayor flexibilidad en la distribución de la jornada laboral, ajustándola a las demandas productivas, lo cual resultaría particularmente beneficioso para sectores como el turismo y la agricultura.
Hasta ahora, los representantes empresariales no han aceptado uno de los elementos fundamentales de esta negociación, que es la reducción legislativa de la jornada laboral, argumentando que este tema debe resolverse únicamente a través de convenios colectivos. Esta firmeza se basa en su convicción de que la reforma encontrará grandes obstáculos en el Congreso, especialmente tras el acercamiento entre Foment del Treball y Junts. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo creen que la reforma podría avanzar en el parlamento y destacan las reuniones que han mantenido con la patronal catalana en diversas ocasiones en Barcelona.
