Comisiones Obreras (CCOO) ha propuesto establecer un fondo de inversión estatal con el objetivo de generar hasta 50.000 viviendas asequibles anualmente. Este plan ha sido denominado “Fondo de Inversión en Vivienda Asequible” (FIVA) y busca actuar como una herramienta en la lucha contra la crisis de vivienda que afecta a la ciudadanía española.
Durante la presentación de esta iniciativa, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, enfatizó que el acceso a la vivienda es una de las cuestiones más relevantes tanto social como económicamente.
El fondo que plantea CCOO se alimentaría de recursos provenientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), de ciudadanos particulares (se ha señalado que existen 50.000 millones de euros en ahorros acumulados durante la pandemia que no producen intereses) y de emisiones de bonos a largo plazo.
También podría captar fondos de inversores institucionales o públicos. La meta es dirigir estas contribuciones, que sumarían aproximadamente 6.250 millones anuales, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la capitalización de entidades que gestionen viviendas asequibles de forma permanente.
Los fondos del FIVA se utilizarían para la compra de viviendas ya existentes o para la construcción de nuevos edificios. En el caso de optar por la edificación, CCOO sugiere que el Ministerio de Vivienda, la Sareb, así como las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, ofrezcan terrenos de manera gratuita. La propuesta indica que los desarrolladores podrían ser organismos públicos, entidades de economía social, sin fines de lucro o de lucro limitado. El sector privado también tendría la opción de participar en estos proyectos, siempre que los costes de construcción y las ganancias sean controlados y limitados.
El propósito principal es desarrollar viviendas accesibles para reducir los precios del mercado. Según CCOO, se estima que, a mediano plazo, los costos de alquiler podrían decrecer en un 30%. El sindicato indica que los alquileres por estas viviendas podrían oscilar entre 7 y 11 euros por metro cuadrado al mes, lo que representa una cifra inferior a la del mercado actual.
Además, el sindicato ha subrayado que todas las residencias adquiridas o construidas por este fondo deben ser catalogadas como viviendas protegidas de forma permanente y que no deberían poder ser descalificadas en el futuro.
Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas y Protección Social, mencionó que existen promotores y constructores del sector privado que podrían unirse a esta iniciativa, aceptando un margen de lucro restringido a cambio de la garantía ofrecida por el estado. Esto implicaría que renunciarían a una parte de la rentabilidad que les brindan las condiciones del mercado a favor de la seguridad proporcionada por la administración pública. De hecho, ya se han realizado contactos con algunos operadores privados para discutir esta propuesta.
Para viabilizar esta idea, Comisiones Obreras ha analizado los modelos de expansión del parque de vivienda pública en países como Austria, Dinamarca, Finlandia y Francia. El sindicato planea presentar su propuesta al Ministerio de Vivienda en los próximos días, con la intención de buscar soluciones al problema habitacional.
