El Gobierno ha comenzado a desmenuzar su propuesta para la edificación de 50.000 residencias públicas antes de 2030, tal como lo anunció el presidente Salvador Illa la pasada semana, con una inversión de 4.400 millones de euros. Una de las principales innovaciones de este plan, que tiene como objetivo facilitar la entrada al mercado de la vivienda, es la introducción de un nuevo tipo de vivienda protegida denominada “de precio limitado”, que provendrá del mercado de segunda mano.
Este avance fue señalado por Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, tras la reciente reunión del Consell Executiu. Según Paneque, esta vivienda será similar a la protección oficial. La categoría de vivienda de precio limitado incluirá aquellas que se adquieran mediante el Fondo Público de Emancipación que la Generalitat planea implementar en 2025.
Este fondo contará con un presupuesto de 100 millones anuales, sumando un total de 500 millones, y está diseñado para apoyar a los jóvenes en la financiación de la entrada de un hogar, ya que, a menudo, pueden afrontar el pago de una hipoteca pero no cuentan con los ahorros necesarios para obtener un préstamo debido a las exigencias de las entidades bancarias. Los terrenos disponibles en Catalunya podrían ofrecer 20.000 opciones de alquiler para 2028. Además, el nuevo sistema de ayudas financiará hasta el 20% de la adquisición para personas menores de 35 años a través del Institut Català de Finances (ICF), ofreciendo una reducción de dos puntos en los intereses. Las viviendas tendrán que ser de segunda mano y no exceder los 90 m², y se fijarán criterios de ingresos para acceder al fondo. Los beneficiarios deberán realizar pagos mensuales de intereses, pero no comenzarán a devolver el capital del préstamo público hasta haber liquidado la hipoteca con la entidad bancaria. Los detalles específicos de los requisitos se darán a conocer más adelante.
¿Qué ocurre al momento de vender un piso adquirido con el apoyo de este Fondo? Si el dueño de la vivienda, que recibió asistencia del Fondo, decide venderla en el futuro, no podrá hacerlo al precio que marca el mercado. En este contexto se introduce la noción de “precio limitado”, lo que significa que solo podrá aplicar el aumento del IPC durante ese período. Asimismo, el propietario deberá reintegrar la totalidad de la ayuda recibida. Según cálculos de la Generalitat, alrededor de 12.000 jóvenes de hasta 35 años podrían beneficiarse de esta iniciativa, lo que permitiría incorporar hasta 12.000 nuevas viviendas al sector de vivienda protegida. Desde el Govern argumentan que esto ayudará a prevenir la especulación en propiedades adquiridas con apoyo público y, al mismo tiempo, aumentará el número de viviendas protegidas disponibles. «Nuestro objetivo es que la utilización de recursos públicos para adquirir vivienda no termine luego en el mercado libre», enfatizó Paneque, recordando situaciones pasadas. De un total de cuatro millones de viviendas en Catalunya, solo el 2,5% son de protección oficial. El Govern se propone aumentar esta cifra entre el 5% y el 6% en un plazo de seis años. Esta será la única estrategia del Govern referente a la compraventa de propiedades; el resto de las medidas se centrará en el alquiler, que es donde se detectan mayores carencias. La promesa de construir 50.000 viviendas para alquiler se llevará a cabo mediante la creación de una reserva pública de terrenos que la Generalitat planea establecer. Una vez que estos terrenos estén registrados, se abrirá una convocatoria pública en febrero del próximo año para la promoción de estos inmuebles.
El gobierno catalán estima que, si implementan estrategias para reducir a la mitad el tiempo de construcción —como la concesión de licencias temporales y la simplificación de trámites— y logran movilizar todos los terrenos disponibles en la región, se podrían construir aproximadamente 20.000 viviendas para el período 2027-2028. Con el propósito de incentivar a los constructores, el ICF planea establecer una línea de financiación de 500 millones anuales para operadores tanto públicos como privados. Además, se ofrecerá compensación a las empresas si hay discrepancias entre el costo de la construcción y los ingresos por alquiler. Sin embargo, todo esto dependerá de la aprobación de los presupuestos para 2025, y están buscando el respaldo de ERC y Comunes para ello.
