Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva edición del bono alquiler joven, el cual ofrece una asistencia de 250 euros mensuales para jóvenes que cumplan ciertos requisitos en cuanto a edad, ingresos, empleo y alquiler.
Esta será la tercera ocasión en que se implementa esta iniciativa, acumulando un total de 600 millones de euros a lo largo de tres años, con una asignación de 200 millones anuales. Según el gobierno, la ayuda está diseñada para facilitar la independencia y el acceso a una vivienda o habitación de alquiler.
Aquí están las principales características del programa.
¿Cuál es el monto de la ayuda? Este programa prevé un apoyo de hasta 250 euros cada mes para cada beneficiario, sin cambios respecto a convocatorias anteriores.
¿Por cuánto tiempo se recibe la ayuda? La asistencia se concede por un período de 2 años. Así, cada beneficiario puede recibir hasta un total de 6.000 euros, siempre que obtenga la cantidad máxima durante los 24 meses.
¿Existen requisitos de edad? Sí, está destinado a individuos que tengan al menos 18 años y no superen los 35. Estos deben contar con ingresos regulares provenientes de su trabajo.
¿Hay un límite de ingresos? Definitivamente. Para ser elegible, no se puede exceder un ingreso de 3 veces el IPREM, que para 2024 se sitúa en 7.200 euros anuales en 12 pagas, lo que establece un límite de 21.600 euros. Aquellos que superen esta cifra no podrán acceder al bono. Sin embargo, las convocatorias regionales pueden establecer límites superiores y, en casos de familias numerosas o personas con discapacidad, los límites pueden elevarse hasta 36.000 euros (5 veces el IPREM). Si se solicita la ayuda para cubrir el alquiler total de la vivienda, se considerarán los ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar que estén en edad laboral, independientemente de si son titulares del contrato o no.
Por ejemplo, al vivir juntos en pareja, no se podrá sobrepasar el límite de 21.600 euros establecido. ¿Existen restricciones en el alquiler? Efectivamente, hay un tope en el costo del alquiler, que debe estar vigente en el momento de solicitar la ayuda, además de requerir un contrato firmado. Esta vivienda debe ser la residencia habitual y formal. La cuota máxima del alquiler es de 600 euros al mes, aunque en ciertas áreas específicas, designadas por las comunidades autónomas, puede llegar hasta 900 euros. En el caso de alquilar habitaciones, el importe puede ser de hasta 300 euros, con un máximo de 450 euros en las áreas más caras. No se permite alquilar a familiares directos o de segundo grado.
¿De qué manera se realiza la solicitud? Los interesados deben dirigirse a la comunidad autónoma correspondiente donde reside la vivienda, que publicará las convocatorias en sus páginas web oficiales. ¿Qué sucede si se comparte el piso? La ayuda está disponible para acuerdos de alquiler compartido, permitiendo que dos inquilinos de la misma vivienda soliciten el bono, siempre que estén incluidos en el contrato. El Ministerio de Vivienda tiene una sección de preguntas frecuentes que aborda las dudas más comunes sobre situaciones relativas a la vivienda.
¿En cuánto tiempo se recibe la ayuda? Generalmente, el proceso de tramitación y pago tiene un plazo estimado de seis meses. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha indicado que se deben hacer mejoras en la gestión del proceso, ya que ha sido variable. Con base en las primeras dos ediciones, algunas comunidades han tardado tres meses, mientras que en otras el proceso se ha extendido hasta un año. El Defensor del Pueblo mencionó en su último informe las situaciones en Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia. La ministra ha instado a trabajar para acortar tanto el tiempo de tramitación como el período entre la aprobación y el ingreso efectivo.
¿Es factible combinarlo con otros apoyos? Así es. Este bono puede unirse a diversos programas de asistencia habitacional proporcionados por las comunidades autónomas para individuos en situaciones vulnerables, además de ser compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el ingreso mínimo vital. Sin embargo, es importante destacar que la suma total de estas ayudas no puede exceder el 100% del alquiler mensual. También se permite la coexistencia del bono joven con el programa de apoyo a jóvenes del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, donde la combinación máxima es del 75% del alquiler.
¿Qué presupuesto se asigna a cada comunidad? Los 200 millones de euros destinados se distribuyen entre las diferentes autonomías, algunas con mayor asignación que otras. Andalucía lidera la lista con 34,2 millones de euros, seguida por Madrid con 31,8 millones, Catalunya con 29 millones y la Comunidad Valenciana con 22,8 millones. En categorías más bajas están Galicia con 11,4 millones, Castilla y León con 10,8 millones y Canarias con 10,6 millones. Por debajo de la barrera de 10 millones están Murcia (8,8 millones), Castilla-La Mancha (8 millones), Aragón (7,6 millones), Asturias (6,6 millones) y Extremadura (6 millones). Con menos recursos figuran Baleares (4,8 millones), Cantabria (3,8 millones), La Rioja (3,4 millones) y Ceuta y Melilla, cada una con 200.000 euros. País Vasco y Navarra no están incluidos debido a su régimen fiscal específico.
La ministra ha solicitado a las comunidades que implementen esfuerzos adicionales para incrementar las ayudas a través de programas propios. Ha mencionado iniciativas ya en funcionamiento en Catalunya y la Comunidad Valenciana, a las que se sumaría Asturias. ¿Es suficiente esta medida? El Consejo de la Juventud de España ha expresado su descontento al respecto.
A nivel nacional, se ha indicado que únicamente un 0,6% de los jóvenes de entre 18 y 35 años ha recibido esta ayuda, según datos de ediciones anteriores y registros públicos. Además, con el aumento de los precios de los alquileres y las restricciones impuestas, resulta cada vez más complicado hallar viviendas o habitaciones que cumplan con los criterios necesarios para acceder al bono. Desde el Consejo se sugieren acciones más amplias, como la regulación de precios, la imposición de impuestos sobre la inversión en bienes raíces para evitar la especulación, la restricción de alquileres turísticos y sanciones para propiedades vacías. Asimismo, se plantea la necesidad de construir viviendas públicas destinadas al alquiler social. De manera similar, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha comentado que estas ayudas representan solo un alivio temporal y ha enfatizado la necesidad de una mejor gestión de los recursos. Se sostiene que las ayudas son insuficientes para cubrir la demanda de todos los solicitantes y no ayudan a reducir los costos de los alquileres; por ello, se propone activar Viviendas de Protección Oficial (VPO) para el alquiler y prestar más atención a los grupos vulnerables. Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha señalado que estas ayudas podrían resultar en que los fondos públicos terminen beneficiando a especuladores, quienes tendrían una mayor facilidad para aumentar los precios de los alquileres. Esta situación ha suscitado críticas de Sumar y otros partidos aliados del Gobierno. Tanto Sumar como Podemos han señalado que, sin políticas que regulen los precios de los alquileres, las ayudas solo servirán para encarecer aún más el mercado y enriquecer a los propietarios.
