La crisis habitacional ha comenzado a repercutir en diversos sectores de la economía y en la sociedad, manifestándose en problemas notables desde hace varios meses. La escasez, especialmente en el alquiler, ha propagado sus efectos hacia otros ámbitos. Por ejemplo, al iniciar el año académico, se hizo evidente la insuficiencia de viviendas económicas para estudiantes, lo que incrementó la demanda en las residencias universitarias.
Así, la carencia de alquileres, que anteriormente complementaba adecuadamente la oferta de alojamiento universitario, ha crecido hacia un área de mercado adyacente.
Este no es el único desafío. El ámbito de la vivienda turística ha sido objeto de debate, ya que su rápido crecimiento ha disminuido la disponibilidad de alquileres a largo plazo.
A pesar de que existen muchas áreas en las que se puede mejorar el régimen de los contratos vacacionales, una regulación excesiva –como la que se intentó instaurar sin éxito– podría agravar aún más la falta de oferta. Además, se ha discutido la creciente concesión de licencias hoteleras en ciudades con alto crecimiento turístico, como Valencia, que este año ha autorizado más de 20 nuevos hoteles.
Por lo tanto, el modelo turístico se ve afectado, pero, a su vez, influye en la disponibilidad de alquileres a largo plazo. La escasez de vivienda también dificulta la atracción de talento. Todo esto configura un panorama complicado. Es como un sistema interconectado, donde diferentes mercados se influyen entre sí, aunque el sector inmobiliario es el principal causante de los cuellos de botella.
Frente a esta situación desequilibrada, se requiere una serie de acciones coordinadas; no hay soluciones sencillas. Se estima que es necesario construir más de 150,000 viviendas nuevas cada año, sumando más de un millón en la próxima década.
Es crucial que se redoble el esfuerzo en el ámbito político para despejar algunos de los obstáculos existentes. La disparidad entre el gobierno central y muchas comunidades autónomas en términos de orientación política no facilita las cosas. Además, la carencia de un presupuesto adecuado complica aún más la situación. Resulta sorprendente la dificultad para alcanzar un acuerdo en materias tan esenciales. A pesar de que ha habido un aumento en la conciencia sobre la crisis en el sector de la vivienda, este avance no ha sido suficiente para propiciar acercamientos efectivos. Es imperativo que se actúe con celeridad. Un paso inicial podría ser la implementación de una ley sobre el Suelo, la cual contribuiría a reducir la incertidumbre legal. También es fundamental contar con una activa colaboración del sector privado, especialmente del ámbito bancario, lo que implica la creación de incentivos apropiados. Por último, es necesario establecer una política de vivienda proactiva en las áreas con mayor déficit, con el fin de ampliar la oferta de alquiler de manera urgente. Unas pocas medidas en estas direcciones podrían impulsar el crecimiento de la oferta, aunque este proceso probablemente llevará años. Estamos a un paso de empezar, pero es evidente que hay grandes retos por delante.
