Es hora de ajustar la economía. El desafío consiste en hacerlo de manera que no se comprometa el crecimiento económico. Hoy, España se ha comprometido ante la Comisión Europea a llevar a cabo un plan de ajuste fiscal en los próximos siete años.
Este plan implicará moderar el aumento del gasto público en un 3% de promedio, reducir el déficit público a menos del 1% del PIB y mantener la deuda pública alrededor del 90%.
El Gobierno ha presentado hoy a Bruselas el plan estructural fiscal, que es el documento requerido por las autoridades comunitarias sobre las proyecciones macroeconómicas hasta el año 2031.
Este documento incluye algunos compromisos, entre ellos, el fortalecimiento de diversas reformas.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha resaltado que el Gobierno tiene la intención de asumir la «responsabilidad fiscal» cuando se reactivan las normas fiscales, apoyándose en el crecimiento del PIB y en la afiliación a la Seguridad Social, que alcanza los 21,2 millones. Cuerpo señaló que este nuevo contexto permitirá mantener el impulso económico.
Una característica destacada del plan es el enfoque sobre la regla de gasto, cuya aprobación corresponde al Gobierno. Se propone una moderación en el crecimiento del gasto primario, pasando de un 3,7% en 2025 a un 3% en 2028 y 2029. Para el año 2030, se estima un crecimiento del 2,5%, y del 2,4% para 2031.
Es relevante mencionar que, aunque el plan fiscal estructural abarca un periodo de siete años, dentro de cuatro años, el gobierno deberá presentar un nuevo documento económico a Bruselas. La meta es controlar la deuda para el 2031.
El ministro Cuerpo ha resaltado que el plan fiscal estructural ya toma en cuenta las consecuencias del envejecimiento en la economía de España, un desafío que se aborda a través de la reforma del sistema de pensiones. El informe presentado por el Gobierno subraya también la intención de llevar a cabo una reforma fiscal en el país. Además, Cuerpo ha indicado que, en sus conversaciones con la Comisión Europea, el Ejecutivo se ha comprometido a establecer de manera permanente impuestos dirigidos a entidades bancarias y empresas energéticas. En lo que respecta a los fondos europeos, el titular de Economía ha mencionado que se está en diálogo con Bruselas para revisar los compromisos necesarios para acceder al quinto desembolso. Finalmente, el Gobierno ha rechazado referirse a la situación como un “ajuste”, y Cuerpo ha señalado que lo fundamental de las nuevas normativas fiscales será determinar la capacidad de gasto en función de la evolución del crecimiento económico.
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