El Gobierno de la Generalitat está desvelando su estrategia para edificar 50,000 viviendas de carácter público antes del 2030, un proyecto que el presidente Salvador Illa presentó recientemente, con una inversión de 4,400 millones de euros. Dentro de este plan para mejorar el acceso al mercado inmobiliario, se destaca la introducción de un nuevo tipo de vivienda protegida conocida como «de precio limitado», según lo comentado por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, tras la reunión del Consell Executiu.
Este tipo de vivienda se podrá obtener a través de un Fondo Público de Emancipación que el Gobierno tiene previsto activar en 2025, el cual contará con un presupuesto anual de 100 millones de euros, alcanzando un total de 500 millones.
La iniciativa tiene como objetivo asistir a los jóvenes en la financiación del pago inicial de una vivienda, puesto que muchos pueden enfrentar el coste de una hipoteca, pero carecen de los ahorros necesarios para cumplir con los requisitos de los bancos.
Las viviendas adquiridas mediante este Fondo tendrán un límite vinculado al IPC. El nuevo programa de ayudas cubrirá hasta el 20% del coste para personas de hasta 30 años, gestionado a través del Institut Català de Finances (ICF), con una reducción de dos puntos en los intereses. Las propiedades deberán ser de segunda mano y no exceder los 90 m², y se establecerán criterios de ingresos para acceder al Fondo. Aunque los intereses deberán pagarse mensualmente, el beneficiario no tendrá que reembolsar el préstamo público hasta que haya completado el pago de la hipoteca con la entidad bancaria.
Si un propietario decide vender en el futuro una vivienda comprada con apoyo del Fondo, no podrá hacerlo al precio que marca el mercado. En este contexto aparece el concepto de “precio limitado”, que solo permitirá al vendedor ajustar el precio de acuerdo con el aumento del IPC en el período correspondiente. Además, será necesario devolver toda la ayuda recibida. Se estima que alrededor de 12.000 jóvenes de hasta 30 años podrían beneficiarse de esta iniciativa según la Generalitat.
Desde el Govern, se argumenta que este enfoque previene la especulación en las viviendas adquiridas con fondos públicos, al mismo tiempo que se expande el número de viviendas protegidas mediante la inclusión de inmuebles de segunda mano. «Nuestro objetivo es proteger la inversión pública en la compra de vivienda», afirmó la portavoz del Ejecutiu. También especificó que las condiciones de estas viviendas serán comparables a las de las casas de protección oficial.
Paneque presentó además un plan para edificar viviendas protegidas destinada al alquiler, que se implementará mediante la creación de una reserva pública de terrenos. Una vez registrados, se lanzará una convocatoria pública para desarrollar proyectos de vivienda. La Generalitat prevé que gracias a medidas que reduzcan los tiempos de construcción, como licencias temporales y simplificación de trámites, se podrían contar con aproximadamente 20.000 viviendas construidas para el año 2027-2028.
El Gobierno planea implementar una línea de financiación mediante el ICF, que alcanzará los 500 millones al año, dirigida a entidades tanto públicas como privadas que desarrollen viviendas en régimen de alquiler. Además, se ofrecerá una compensación a las constructoras si existe diferencia entre los gastos de construcción y los ingresos por alquiler. Con esta estrategia se busca motivar a las empresas a participar en esta iniciativa, ya que hay constructoras que afirman que no es rentable edificar viviendas protegidas. Sin embargo, toda esta propuesta depende de la validación de los presupuestos para 2025.
