Desde principios de año, el debate en Venezuela, tanto en el ámbito gubernamental como en la oposición, se centraba en lo que muchos definieron como “el robo del siglo”. Esto surgió tras el anuncio en Estados Unidos sobre la subasta de Citgo, la firma petrolera estatal venezolana con sede en Houston, con el objetivo de compensar a fondos de inversión y grandes corporaciones afectadas por la crisis económica del país y las nacionalizaciones del gobierno de Chávez.
Recientemente, una decisión preliminar de un tribunal en Delaware, que permite la transacción de Citgo a una subsidiaria del controvertido fondo Elliott Investments, parece confirmar los temores que se tenían al respecto. Elliott se distingue como uno de los fondos buitre más agresivos, organizaciones que adquieren deuda de naciones en crisis para luego demandar a sus gobiernos y maximizar sus ganancias, lo que la publicación New Yorker describió como “un enfoque de negocio extremadamente adversarial y altamente rentable”.
Si el proceso judicial en Delaware avanza como se prevé, Elliott, dirigido por el millonario Paul Singer, un donante del partido republicano, estará en posición de adquirir Citgo por 7.300 millones de dólares. Los activos en cuestión incluyen tres refinerías clave ubicadas en Texas, Luisiana e Illinois, con una capacidad de producción superior a 800.000 barriles de gasolina diariamente, además de una vasta red de estaciones de servicio. Esta cantidad es significativamente inferior a las estimaciones previas del valor de Citgo, que es parte de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuya icónica imagen triangular roja ha sido un símbolo controversial en Estados Unidos a lo largo de décadas de tensiones entre Caracas y Washington.
Un fondo de inversión está dispuesto a adquirir las refinerías y estaciones de servicio de Citgo por solo la mitad de su valor real. Sin embargo, Elliott se enfrenta a una serie de litigios interpuestos por un número significativo de corporaciones multinacionales, principalmente del sector minero y energético, así como por fondos de inversión que buscan reparaciones por deudas impagas relacionadas con Venezuela, además de las nacionalizaciones de compañías privadas que ocurrieron durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Ante la intensa competencia entre las empresas demandantes, Elliott podría sentirse presionado. Por su parte, los tenedores de bonos han dirigido sus esfuerzos a otros tribunales en busca de fallos favorables para sus reclamaciones. Un grupo de estos tenedores, que adquirieron deuda venezolana respaldada por activos de Citgo en 2020 a un precio que representaba solo el 20% de su valor nominal, ahora aspira a recuperar más del 90%. Encabezados por el fondo Gramercy, especializado en la compra de bonos de entidades en quiebra, buscan adelantarse a otras empresas, tanto del sector energético como minero, en la cola de reclamaciones por impagos o nacionalizaciones. Satisfacer a estos inversores podría poner en riesgo la viabilidad de las operaciones de Elliott.
La transacción de Citgo implica la venta de tres refinerías localizadas en Texas, Luisiana e Illinois, además de una extensa red de gasolineras. Según el analista del sector petrolero en Houston, Paul Sankey, se había estimado que el valor de Citgo—bajo el control del estado venezolano desde 1990—oscilaría entre 32 y 40 mil millones de dólares antes de la subasta. En 2011, cuando Chávez consideró la posibilidad de venderla, su valor fue evaluado en 13.5 mil millones de dólares. El analista petrolero venezolano Einstein Millán comentó: “Se está perdiendo Citgo por el 50% de su valor”, señalando que se está entregando «la joya de la corona a intereses extranjeros vinculados al capital de riesgo”.
Tanto la administración venezolana como sus opositores se manifiestan en contra de la enajenación de Citgo, una entidad que no solo proporcionaba enormes ingresos al país, sino que también era responsable de refinar el crudo pesado extraído por PDVSA en la región del Orinoco. Sin embargo, la disputada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de julio complica que la administración Biden pueda frenar la subasta. Francisco Rodríguez, un economista venezolano cuya residencia está en Estados Unidos, comentó: “Con un cambio de gobierno en Venezuela, quizás el ejecutivo en Washington reconsideraría la licencia, pero ya parece que han tomado una decisión definitiva”. Esta situación resulta irónica, ya que muchos analistas de la complicada historia de Citgo consideran que fue la oposición venezolana, en alianza con figuras neoconservadoras durante el gobierno de Donald Trump, quien abrió las puertas a las empresas multinacionales para adquirir Citgo. En 2017, Trump promulgó un decreto que formaba parte de un embargo total al petróleo venezolano, impidiendo que Citgo remitiera sus ganancias a Caracas. Posteriormente, al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino en enero de 2019, el entonces presidente estadounidense transfirió todos los activos venezolanos en el extranjero—con Citgo como el más significativo—al nuevo gobierno “en la sombra” de Guaidó. El resultado, ya sea por suerte o premeditación, fue la desmantelación de los activos de Citgo en favor de fondos y corporaciones multinacionales.
Los activos de Citgo representaban el 10% del PIB de Venezuela, lo que se traduce en aproximadamente 13.500 millones de dólares, conforme al análisis de venta realizado por Chávez en 2012. Anya Parampil, periodista estadounidense, argumenta en su libro «Corporate coup» que había una «motivación oculta detrás del fallido intento de cambio de régimen», afirmando que fue parte de un plan para apoderarse del activo internacional más valioso de Venezuela. Con la llegada de Elliott, conocido por su enfoque agresivo en litigios contra naciones en crisis, un episodio destacado fue la incautación de un barco militar argentino en 2011 para reclamar 2.600 millones de dólares al gobierno de Cristina Kirchner.
El texto «Corporate coup» expone un complot dirigido a apropiarse de los activos de PDVSA. Al asumir el control de la importante red de distribución y refinerías de Citgo en EE.UU., Guaidó y su equipo, entre los que se encuentra Luisa Palacios, esposa de un alto ejecutivo de JP Morgan, facilitaron a los abogados de las compañías petroleras y a los fondos internacionales que habían enfrentado dificultades en Venezuela. Este autogolpe ocurrió a través de la siguiente dinámica: durante dos décadas, los gobiernos chavistas, asesorados por expertos legales, establecieron estructuras que mantenían una separación entre Citgo, PDVSA y el Estado venezolano. Parampil indica que esto dificultó demostrar legalmente que Citgo era un apéndice de Maduro, y por ello, los acreedores no lograron convencer a las cortes estadounidenses de que tenían derecho a embargar Citgo para cobrar sus deudas.
Después de que la administración de Guaidó asumiera el control de la compañía, reestructurando la junta directiva de PDVSA y Citgo, el juez Leonard Stark en Delaware falló en 2023, reconociendo a Citgo como un “alter ego” del gobierno venezolano. Este cambio significó que Venezuela perdió una parte considerable de su patrimonio petrolero en el extranjero. Gracias a esta compleja interpretación legal, las empresas que se sintieron afectadas por las decisiones del Estado venezolano podían reclamar compensaciones a través del embargo de los recursos de Citgo. Así fue como se desarrollaron los acontecimientos. Stark validó la afirmación de que el grupo de Guaidó había utilizado los activos de PDVSA para beneficio propio, lo que permitió que los acreedores del Gobierno venezolano, no solo los de PDVSA, pudieran proceder con el embargo de CITGO, según lo señalado por Rodriguez. Abogados que están dentro del entorno del gobierno paralelo de Guaidó comentan que la sentencia se relaciona con una modificación en la postura de la justicia estadounidense. “En 2023, tanto la corte de Delaware como la corte de apelaciones del tercer circuito cambiaron su enfoque sobre el concepto de alter ego,” explicó José Ignacio Hernández, principal asesor legal del gobierno paralelo de Guaidó. Los magistrados, de manera incorrecta, consideraron que los “controles habituales”, como la designación de la junta, eran evidencia suficiente de alter ego, atribuyendo estas acciones al gobierno interino.
Hernández declaró que la culpa por la pérdida de Citgo no recae en el gobierno de Guaidó, sino que se origina en la deuda pública de 170.000 millones de dólares, una herencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Este contexto ha convertido a Venezuela en un objetivo para los acreedores y fondos depredadores. Ya sea por fallos de los abogados de Guaidó, variaciones en criterios de los tribunales estadounidenses o el pesado legado de deuda de los gobiernos chavistas, el desenlace es claro: Citgo, con activos equivalentes al 10% del PIB de Venezuela, será objeto de embargo en beneficio de diversos fondos buitre, inversores de bonos de alto riesgo y grandes empresas del sector energético y minero. A pesar de las coincidencias temporales, resulta complicado separar la crisis de Citgo de la ineficaz administración del gobierno alternativo de Guaidó. Parampil cuestiona si la pérdida de Citgo fue un objetivo deliberado del plan ideado en 2019 por la administración Trump para derrocar a Maduro, planteando si fue un efecto accidental o una consecuencia planificada. Los posibles beneficiarios de la venta forzada de Citgo están alineados con los halcones de Miami que apoyaron el golpe de Guaidó. Entre ellos se encuentran Elliott, las grandes petroleras como ConocoPhillips —un destacado contribuyente a la campaña de Trump—, Vitol y Koch Industries, cuyos propietarios, los hermanos Koch, son respaldadores de la Red Atlas, que incluye a grupos ultraconservadores en América Latina, entre los cuales se encuentra la oposición venezolana actual, como es el caso de Pedro Urruchurtu, asesor de Corina Machado, candidata de facto para las elecciones presidenciales de julio y activista vinculado a redes liberales de Atlas.
Crystallex, una compañía canadiense dedicada a la minería de oro, también está involucrada en la disputa por los activos de Citgo. Esta empresa perdió la concesión para extraer oro en el sur de Venezuela en 2008, cuando Chávez estaba en el poder. Además, otra firma minera canadiense, Gold Reserve, está participando en este proceso, al igual que Owens-Illinois, una empresa estadounidense de fabricación de vidrio que fue nacionalizada por el gobierno de Chávez y busca recuperar cerca de 450 millones de dólares. Siemens Energy se suma también como demandante. En total, existe un conjunto de aproximadamente 19 litigios, con reclamaciones que alcanzan los 20.000 millones de dólares, lo que representa el 40% del producto interno bruto de Venezuela, cifra que prácticamente triplica lo que Elliott tiene previsto pagar por Citgo.
La trayectoria de Crystallex es fundamental para comprender el desenlace complejo en la situación de Citgo. Después de que el gobierno de Chávez revocara la concesión de la mina Las Cristinas, la compañía canadiense interpuso una demanda contra el Estado venezolano en 2016, utilizando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo de arbitraje vinculado al Banco Mundial, que ha sido previamente utilizado por fondos de inversión agresivos como Elliott. Este tribunal internacional determinó a favor de Crystallex, ordenando al gobierno venezolano el pago de 1.200 millones de dólares como indemnización. Con la declaración del tribunal de Delaware reconociendo que Citgo actúa como el «alter ego» del Estado venezolano, Crystallex tiene la oportunidad de perseguir la compensación total o parcial a través del embargo y la venta de los activos de Citgo, aunque tendrá que enfrentarse a Elliott en este proceso.
Un aspecto que ha levantado dudas sobre la veracidad del plan de Guaidó como un supuesto “golpe corporativo” es la relación de su asesor legal, José Ignacio Hernández, quien había sido previamente abogado de Crystallex y Owens-Illinois. Estas compañías intentaron recuperar sus inversiones perdidas en Venezuela mediante la confiscación de recursos petroleros del país. Aunque Hernández no invocó la noción de “alter ego” en los litigios contra el gobierno venezolano, sí subrayó que bajo la administración chavista, se había comprometido la independencia legal de PDVSA, lo que justificaría un embargo. En una entrevista con La Vanguardia, Hernández afirmó: “He mencionado en varias ocasiones que Maduro y Chávez violaron la autonomía de PDVSA, algo evidente, pero es absolutamente incorrecto que haya defendido la teoría del alter ego”. Por otro lado, algunos sectores de la oposición en Venezuela solicitan que se investigue a Hernández y a Carlos Vecchio, quien fue nombrado representante del gobierno de Guaidó en EE.UU. y había defendido los intereses de la empresa estadounidense Exxon. Francisco Rodríguez comentó: “Es fundamental mantener la presunción de inocencia, pero podrían existir conflictos de interés, lo que justifica una investigación”. Además, se ha planteado la necesidad de realizar un examen sobre el equipo de Guaidó por posibles conflictos de interés. Citgo no es el único bien perteneciente al estado venezolano que fue expropiado durante la presidencia de Trump. También, la planta de Monómeros, una filial de PDVSA situada en Barranquilla, Colombia, fue asignada al gobierno de Guaidó. Sin embargo, tras el colapso de esta empresa y las acusaciones de corrupción, el presidente Gustavo Petro decidió devolver Monómeros al gobierno venezolano.
De manera similar, los lingotes de oro pertenecientes a Venezuela que se encuentran en las instalaciones del Banco de Inglaterra fueron despojados del control del gobierno venezolano después de la operación Guaidó. Sin tener legitimidad ni el respaldo de las fuerzas del orden, el gobierno en la sombra que surgió gracias a Trump perdió su credibilidad en poco tiempo. Actualmente, enfrenta acusaciones por manejo indebido de recursos y otros actos de corrupción. Guaidó ha cambiado su residencia a Miami.
