Los grupos políticos, las corporaciones y el problema de la corrupción

Los hiperlíderes permiten que se exijan responsabilidades al más alto nivel, como ha ocurrido con el PP en el asunto de Koldo. Sin embargo, ¿ha seguido el mismo patrón este partido cuando se ha visto afectado? ¿Qué actitud adoptará en la comisión relacionada con la operación Catalunya? El caso de Koldo, que involucra una red de corrupción relacionada con contrataciones públicas, especialmente durante la pandemia, así como la participación de José Luis Ábalos, quien fue ministro en el gobierno de Pedro Sánchez entre 2019 y 2021 y también era el segundo al mando en el PSOE en ese período, ha provocado que el presidente enfrente la demanda de responsabilidades desde el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.

En el feroz enfrentamiento político de España, es complicado aguardar algún tipo de discusión tranquila y objetiva sobre el tema. Unos se mantienen firmes en su posición, mientras que los otros tienden a exagerar hasta caer en el drama, mostrando amnesia respecto a su propio pasado reciente.

Los estilos de liderazgo político han superado los límites del control democrático desde hace tiempo. Esto se debe, en parte, a la complejidad de los sistemas burocráticos que han transformado la administración de los asuntos públicos. Sin embargo, también es resultado de tendencias subyacentes que minan las prácticas democráticas y alejan el control ciudadano sobre las acciones de los ejecutivos. De este modo, los hiperlíderes representan en gran medida la otra cara de la crisis de las democracias en la actualidad. Los líderes acumulan en sus manos todas las decisiones, claves y secretos del poder. Por debajo del presidente, en cualquier gobierno, ningún asesor, ministro o miembro del comité del partido se siente en condiciones de tomar decisiones significativas. Se asume que únicamente el líder posee toda la información y, sobre todo, el derecho de decidir.

El sociólogo Robert Michels, hace más de un siglo, planteó la “ley de hierro de la oligarquía”, analizando cómo operan la política y las organizaciones sociales complejas. Desde ese momento, hemos asistido al desarrollo de una marcada pasividad entre los ciudadanos, impulsada por la creciente fascinación por actividades de observación, especialmente en las pantallas. Las sociedades suelen buscar la ilusión de seguridad que ofrecen los hiperliderazgos en lugar de enfrentar adecuadamente los problemas públicos. Una consecuencia preocupante de esto es que los partidos políticos han perdido de vista las cuestiones esenciales y se han adaptado a esta realidad con una actitud complaciente.

Este fenómeno no se limita únicamente al ámbito político ni excluye la economía o las empresas. En grandes corporaciones, se reproduce, e incluso se intensifica, este tipo de liderazgo descontrolado. Al observar la información económica mundial, desde España hacia el resto del planeta, se evidencia esta situación de manera más sutil. Por ejemplo, ¿será que Feijóo adoptará una postura crítica con Rajoy y Fernández Díaz en la comisión sobre la operación Catalunya? Las grandes empresas crean diversas categorías y niveles para distribuir responsabilidades formales entre empleados, actuando como «fusibles» que protegen la cúspide de la jerarquía.

En este entorno, las responsabilidades políticas se difuminan y solo quedan las formales: un correo electrónico, una orden escrita, una conversación grabada o el acta de una reunión. La clave es evitar dejar pistas que puedan incriminar a los altos directivos. Las tareas siempre tienen un responsable designado, visible a través del organigrama, pero rara vez se señala al que origina la idea. Regresando al ámbito político, el núcleo de la concentración de poder y la vulnerabilidad del líder crea un contexto propicio para atacar al presidente del Gobierno y exigir su destitución ante el más mínimo indicio de corrupción de algún subordinado.

Es cierto que la caza de brujas orquestada por el PP carece de mesura y equilibrio, una estrategia que la derecha utiliza cuando no está en el poder. Esto es aún más evidente en el contexto que rodea a Begoña Gómez, su esposa, quien parece haber llevado la teatralidad a otro nivel. A pesar de esto, no se puede ignorar que el despido político de Ábalos hace tres años dejó muchas interrogantes sin responder por parte del presidente. ¿Qué información tenía? ¿Tenía dudas sobre su integridad? ¿Era necesario que acudiera a la justicia? ¿Se ofrecerá alguna aclaración al respecto? Ahora es momento de examinar los principios morales del PP y de Núñez Feijóo, quien es rápido para exigir cuentas a Sánchez, ¿ha mostrado la misma actitud frente a situaciones similares dentro de su propio partido? ¿Aplica su organización criterios equivalentes? Actualmente, el principal partido de la derecha en España ostenta una posición vergonzosa al liderar el ránking de corrupción, con un número de casos y acusaciones formidablemente superior al de cualquier otra formación. Veamos algunos ejemplos. En Madrid, el escenario más representativo, varios alcaldes, diputados y altos funcionarios regionales han sido investigados y encarcelados, incluido Francisco Granados, uno de los nombrados por Esperanza Aguirre, quien nunca se sintió presionada por dimitir cuando salieron a la luz las acusaciones. Además, no hubo voz crítica cuando Ignacio González, a quien ella había elegido como su sucesor, fue también objeto de investigación y detención, a pesar de que previamente había intentado colocarlo como presidente de CajaMadrid y, más tarde, de Bankia. Los líderes de alto perfil suelen estar en el punto de mira, como sucede en las empresas, donde existen muchas medidas de protección. Sin embargo, parece que las mismas normas no se aplican al caso de Ábalos en comparación con los de Aguirre.

Este es solo un caso; podrían mencionarse muchos más. Sin embargo, siempre existen posibilidades de corregir los errores. La próxima oportunidad llegará el miércoles, cuando inicie en el Congreso la Comisión que investigará la guerra sucia llevada a cabo por los Gobiernos de Mariano Rajoy contra el movimiento independentista catalán (sin contar otras acciones dirigidas a opositores políticos). Se ha documentado, entre otras evidencias, con grabaciones, la activa implicación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, así como de los altos mandos de la policía de aquel tiempo. Hay relatos que indican que Rajoy recibía actualizaciones sobre el desarrollo de la creación de noticias falsas y la apertura ilegal de procesos judiciales contra las víctimas. Feijóo tiene ahora una nueva oportunidad para evidenciar su disposición hacia la regeneración democrática y la búsqueda de la verdad. Estemos atentos.