El futuro de Aerolíneas Argentinas se encuentra en un punto crítico. El nuevo Gobierno encabezado por Javier Milei ha comenzado el proceso para vender la aerolínea nacional. Esta decisión busca hacer frente a las huelgas y manifestaciones que han protagonizado los empleados desde el verano, quienes reclaman aumentos salariales en un contexto inflacionario que consume sus ingresos.
Además, se cuestiona la existencia de cifras insostenibles que coexisten con privilegios notables, especialmente entre los pilotos. Surge así el interrogante en la sociedad: ¿es necesaria una aerolínea estatal?
La historia de Aerolíneas es un vaivén. Fundada en 1950, fue privatizada en 1990, dando paso a la participación de Iberia, la SEPI y posteriormente Marsans, que la llevó a una crisis profunda.
En 2008, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se reestatizó. Recientemente, Milei firmó un decreto que abre la puerta a su privatización, cumpliendo con una promesa de campaña de los libertarios que hasta ahora no había podido concretarse. La discusión en la Cámara de Diputados sobre la privatización en septiembre provocó que los trabajadores salieran a la calle, desencadenando huelgas que interrumpen continuamente la operativa en las terminales.
La administración de la aerolínea ha estado bajo control estatal, bajo la dirección de Iberia o Marsans, a lo largo de su historia. Esto ha generado un intenso debate en la sociedad sobre la conveniencia de privatizar Aerolíneas. En discusiones acaloradas, el Gobierno no ha escatimado en razonar su postura, presentando la situación financiera de la aerolínea como insostenible. Desde el momento de su nacionalización, el Estado ha destinado 8.000 millones de dólares (equivalentes a 7.320 millones de euros) al apoyo de la compañía. Se enfrenta a un déficit operativo de 6.140 millones y no ha registrado ganancias en ningún ejercicio, acumulando pérdidas de centenares de millones. Actualmente, la aerolínea cuenta con un excesivo número de recursos y personal, que asciende a aproximadamente 11.000 empleados. Para el año 2023, las pérdidas operativas alcanzaron los 400 millones, aunque hasta agosto, la gestión más liberal logró reducir estas pérdidas a 84 millones, en comparación con los 300 millones del mismo período del año anterior. En ciertos meses, incluso se han reportado ganancias, según se detalla.
Los números no cuadran, a pesar de que en 2023 transportó a 13,8 millones de pasajeros, una cifra récord con su flota de 80 aviones. Se mencionan costos operativos extremadamente altos, problemas en la gestión a lo largo del tiempo y compromisos salariales difíciles de sostener. Los pilotos son parte de las críticas. En cierta medida, se utilizan como herramienta para ganar la simpatía del público. Con un contrato problemático, conservan ciertos privilegios. Por lo general, desempeñan sus tareas entre 35 y 40 horas, mientras que tienen aseguradas 75 horas de pago documentado. “Independientemente de si vuelan o no, reciben la misma compensación. Son beneficios, irregularidades”, señalaba Franco Mogetta, secretario de Transportes. También se opuso a los 20 millones anuales destinados a ventajas como vuelos en clase ejecutiva para los pilotos y sus familias. Esto incluye bajar del avión a un pasajero que adquirió su pasaje, contabilizar desde que toman un taxi hacia el aeropuerto, el hecho de no trabajar en su cumpleaños, y los descuentos de por vida. La aerolínea cuenta con 14,2 pilotos por avión, un 40% más que la media del sector, comparaba Mogetta.
Más de 20 millones en beneficios para los pilotos: tienen la opción de volar sin coste con sus familiares. Además, la competencia en muchas rutas ha sido casi inexistente, con un mercado interno dominado por empresas extranjeras desde hace años y únicamente dos aerolíneas de bajo costo como competidoras, lo que les asegura una gran parte del mercado. Sin embargo, no parece que estén logrando hacerlo rentable.
Con un vaivén de cifras y declaraciones, muchos respaldan la privatización. Es importante recordar que este país es el octavo más extenso del mundo, con una distancia de 4.000 kilómetros entre su punto más meridional y el más boreal. En las áreas más remotas, algunos jamás han tenido la oportunidad de abordar un avión de Aerolíneas. “¿Por qué tengo que mantenerla con mis impuestos?”, se pregunta la gente. Empleados y grupos de izquierda abogan por una empresa estatal, argumentando que la gestión privada ha sido perjudicial en el pasado. Proponen la necesidad de un operador que maneje las rutas menos rentables para el sector privado, con el fin de unir al país. Su objetivo es reformarla internamente.
Además, existe un trasfondo político en esta situación. Milei busca desregular el sector y permitir la entrada de empresas extranjeras. Los sindicatos están preocupados por la llegada de firmas foráneas y la posible pérdida de empleos. A la cabeza de la central de pilotos más combativa se encuentra un kirchnerista, Pablo Biró, que representa a la oposición. Los sindicatos del transporte terrestre, marítimo y aéreo, también alineados con el peronismo opositor, han convocado a una huelga para el 30 de octubre, motivados por la situación de Aerolíneas y otras demandas. Ya sea una privatización total, parcial o únicamente la entrega de la gestión, el gobierno está dispuesto a explorar todas las opciones, mientras las empresas extranjeras permanecen alerta.
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