El Tesoro está elaborando una nueva legislación que, aprovechando la validación de una directiva de la UE sobre créditos al consumo, busca limitar el concepto de usura y regular a los prestamistas que operan sin estar registrados. Para comenzar, se ha iniciado una consulta pública con el fin de obtener las opiniones del sector.
Esta acción se produce en un contexto de alto consumo de servicios y cierta falta de control en relación con estos préstamos en las plataformas digitales. Según el Banco de España, el saldo de los créditos al consumo alcanzó, en agosto, los 100.500 millones de euros, la cifra más alta desde enero de 2009, superando la barrera de los 100.000 millones por primera vez en quince años.
Las entidades han denunciado la aparición de anuncios de préstamos al 2.500% durante horas de gran audiencia en televisión. El Tesoro ha señalado que una de las metas de esta nueva normativa será que tanto los prestamistas como los intermediarios de crédito estén “sometidos a un procedimiento de registro y autorización previa para poder operar”. El Banco de España respalda esta propuesta. Asimismo, las entidades crediticias han estado pidiendo este tipo de regulación durante un tiempo. Ignacio Pla, secretario general de Asnef, argumenta que su organización está a favor de implementar en la nueva ley una “reserva de actividad” que exija a quienes deseen otorgar préstamos o créditos de manera habitual o profesional en España, convertirse en entidades reguladas y obtener una licencia de establecimiento financiero. Esto ya ocurre en países como Alemania, Francia o Italia, donde es necesario ser entidad de crédito. Pla afirma que de este modo se garantiza un mercado con competencia justa y se protege adecuadamente al consumidor. «En la actualidad, cualquier persona puede prestar dinero» y «han proliferado las empresas y personas que lo hacen sin supervisión», puntualiza Pla.
En plataformas sociales y en programas televisivos de gran audiencia, se encuentran anunciantes no regulados que ofrecen préstamos con intereses que a veces superan el 2.500%. Esta situación es similar a la que enfrenta la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que lucha contra la publicidad engañosa de “chiringuitos de inversión” en redes sociales, donde a menudo se utiliza la imagen de celebrities o del propio organismo sin autorización. Durante una reciente intervención en el Congreso, su presidente, Rodrigo Buenaventura, mencionó que la red social X, anteriormente conocida como Twitter, ignora las advertencias del regulador. “X se muestra reacia a seguir la normativa”, expresó. Además, el Tesoro ha iniciado un proceso de reflexión sobre qué debería considerarse usura. Esta práctica está legislada en otros países, mientras que en España no se ha abordado desde 1908. Por ejemplo, en Francia, se considera usurero cualquier préstamo cuyos intereses excedan en un 25% la media del mercado. En Portugal, el límite también es del 25%, y en Italia, del 25% más cuatro puntos adicionales. En España, algunas entidades ofrecen tasas superiores al 1.000% sin consecuencias. Una reciente decisión del Tribunal Supremo establece que se considera usura cualquier interés que sobrepase en más de seis puntos porcentuales la tasa media del mercado. Desde Asnef, abogan por que se respete la doctrina del Supremo, independientemente de si estos límites se incorporan a la legislación. La directriz que el Tesoro debe implementar tiene como finalidad salvaguardar a los consumidores de abusos en este tipo de financiamiento, regulando la publicidad para que destaque de manera “clara” el coste del préstamo y exigiendo una evaluación de la capacidad de pago del consumidor.