Nueve meses después de que comenzaran las negociaciones para la reducción de la jornada laboral, y frente al estancamiento actual, UGT exige que se implemente de forma inmediata la modificación del registro de horas, sin necesidad de esperar a que se acuerden todas las medidas.
Este es el enfoque que el sindicato presenta en una nueva reunión de la mesa de diálogo social sobre este tema. La propuesta del Ministerio de Trabajo, que busca reducir la jornada a 37,5 horas para 2025, incluye también un sistema de control horario que permita un seguimiento remoto y en tiempo real, accesible a la inspección.
Aunque el registro de horas está vigente desde 2019, su efectividad es bastante limitada. Según UGT, el incumplimiento de este registro es la norma. Un dato ilustrativo son las horas extras no remuneradas; el INE señala que representan un 43% del total, lo que equivale a 3.254 millones de euros anuales no cobrados, según un estudio de CC.OO. Si bien el ministerio tiene la intención de corregir esta situación, UGT sostiene que no es necesario esperar por el resto de las negociaciones para hacer estos cambios, ya que su implementación sería más sencilla. Este ajuste no necesita la aprobación del Parlamento, puesto que el Gobierno podría aplicar una regulación específica. A pesar de que no es el método ideal y puede requerir ciertos ajustes, es viable, según indican fuentes del Gobierno. Esta problemática de las horas extras no pagadas es parte de la lucha que UGT también presentó en enero ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por la insatisfacción con la compensación de estas horas y el sistema de control de registro.
En la respuesta del sindicato a las observaciones presentadas por el Gobierno español, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, se menciona que «el incumplimiento en el registro es más común que la excepción, y que la normativa española, en lugar de prevenirlo, tiende a fomentarlo». Asimismo, subrayan que, aunque este asunto ya se discute en el marco del diálogo social, «no se puede justificar de ninguna manera la continuación del incumplimiento actual, sin contar con garantías claras sobre el cuándo y el cómo se llevarán a cabo las reformas necesarias». Durante las primeras etapas de la negociación para reducir la jornada laboral, se exploró la posibilidad de permitir un mayor número de horas extraordinarias que las 80 que se permiten en la actualidad, pero el Ministerio de Trabajo rechazó esta opción. No consideró apropiado compensar la reducción de la jornada laboral con un aumento en las horas extras, aunque esta podría ser una área donde podría haber cierta coincidencia con los empleadores.
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