La relación entre el hogar y la pobreza es fundamental para entender las dinámicas sociales. La falta de acceso a una vivienda adecuada puede agravar las condiciones de vida de las personas, generando un ciclo perpetuo de privaciones. Abordar el problema habitacional es esencial para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables

El discurso del President Illa en el debate de política general ha representado un cambio significativo que merece ser celebrado. En particular, su intención de edificar 50.000 viviendas en los próximos seis años es una propuesta que deseamos se materialice pronto.

Las demandas actuales evidencian los efectos de la política monetaria y el cambio demográfico en los precios de compra y alquiler, así como la falta de acción por parte de las autoridades. Los tipos de interés nulos entre 2015 y 2022 han contribuido a la subida de los precios inmobiliarios: después de una caída entre 2012 y 2016 del -2,8% acumulado, los precios se incrementaron cerca del 30% desde 2017 hasta 2022, lo que se tradujo en un aumento significativo de las transacciones de vivienda libre en España, pasando de 532.000 en 2017 a 718.000 en 2022.

Sin embargo, la reciente disminución de los tipos de interés está ejerciendo presión nuevamente: en el segundo trimestre, los precios de compra en Catalunya experimentaron un aumento anual del 6,7%, y en el conjunto de España del 7,8%. Es crucial fomentar la colaboración entre el sector público y privado para promover el alquiler asequible. Además, la creación de nuevos hogares ha experimentado un notable incremento, llegando a 550.000 por año en España. Este aumento se debe, en gran parte, a la inmigración: el INE calcula que, a pesar de una pérdida de 90.000 nativos, ha habido un avance neto de aproximadamente 500.000 nuevos inmigrantes en el último año. En términos de traducción catalana, se estima que entre 100.000 y 125.000 inmigrantes llegan al país cada año, lo que lleva a una mayor concentración en el sector del alquiler, donde representan más del 50% del total de inquilinos en Catalunya, a pesar de ser solo una quinta parte de las familias catalanas.

La reciente oferta de vivienda, que apenas asciende a unas 15.000 unidades anuales, tiene como consecuencia una inevitable subida de precios. Esto se agrava por ciertas regulaciones vigentes. En primer lugar, el auge de viviendas destinadas al turismo ha provocado una disminución del 17% en la disponibilidad de alquileres permanentes. Además, limitar los precios de alquiler en áreas con alta demanda no soluciona las dificultades de quienes más lo necesitan. En Cataluña, un tercio de las familias destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que indica que estas medidas tienen poco impacto en la accesibilidad para los más desfavorecidos y, en cambio, benefician más a quienes tienen ingresos elevados. La problemática de la vivienda y, específicamente, del alquiler es enorme. Las propuestas presentadas son solo soluciones parciales. Es imprescindible complementar la inversión pública, especialmente con el ajuste fiscal que se aproxima, mediante una mayor colaboración entre el sector público y privado, fomentando así el alquiler a precios asequibles. Esto podría lograrse movilizando viviendas ya existentes, como en el proyecto de Dublín, que permite rebajas de alquiler a cambio de ceder propiedades particulares a la administración, o bien incentivando la construcción de viviendas para alquiler, similar a las leyes fiscales francesas. Este nuevo enfoque es prometedor, pero necesita ser desarrollado en profundidad. Ojalá se logre.