Las autoridades económicas del Gobierno están llevando a cabo diálogos con la Comisión Europea para que la reforma fiscal no forme parte de los requisitos que España debe cumplir para recibir el quinto desembolso de los fondos europeos, que asciende a 7.000 millones de euros, según indican fuentes gubernamentales.
Los ministerios de Economía y Hacienda opinan que las reformas fiscales implementadas en los últimos años, como los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras, el tributo a las grandes fortunas, así como las tasas Google y Tobin, ya justificarían la aceptación del componente 28 del plan de recuperación.
El Gobierno se comprometió ante Bruselas a llevar a cabo una reforma fiscal integral, fundamentada en un informe elaborado por expertos encargados por Hacienda. Este grupo, dirigido por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, entregó a la ministra María Jesús Montero sus recomendaciones en marzo de 2022, sugiriendo medidas concretas para incrementar los impuestos. Sin embargo, en esa ocasión, el Ejecutivo decidió dejar de lado esas “sugerencias”. La situación generada por la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria desaconsejaban modificar ciertos tributos. Ahora, dos años y medio después, el Gobierno busca que Bruselas adopte una postura más comprensiva, tal como hizo al excluir los peajes en las carreteras de sus exigencias. Hacienda se encuentra trabajando para consolidar los impuestos sobre bancos y empresas energéticas y ajustar el impuesto sobre sociedades. Uno de los puntos más polémicos involucra la revisión de impuestos ecológicos, específicamente aquellos que gravan la matriculación y el uso de vehículos contaminantes, como el diésel. Este tema ha sido consistentemente eludido por el Gobierno.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, se están diseñando diversas medidas fiscales. Entre ellas, figura la modificación de los impuestos aplicados a empresas energéticas y bancos, con la intención de establecerlos de manera permanente. Además, se abordan dos aspectos relacionados con el impuesto sobre sociedades: la implementación de una normativa que obliga a una tributación mínima del 15%, actualmente en fase de discusión en el Parlamento, y ajustes en esta misma figura para compensar la pérdida de recaudación derivada de la anulación de la reforma Montoro. Se estima que esta merma podría alcanzar hasta 3.000 millones de euros.
El titular de Economía, Carlos Cuerpo, declaró esta semana que su enfoque es obtener el quinto desembolso de los fondos europeos antes de que termine el año. En verano, Cuerpo había indicado que la reforma fiscal en España estaba ya concluida. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, comentó en el Congreso el miércoles que existe una notable brecha fiscal en España comparado con otros países de la UE, lo que brinda al Gobierno la oportunidad de incrementar tanto los ingresos como la carga tributaria. La reciente actualización del PIB también ha contribuido a ampliar este margen.
Sin embargo, tanto el Ministerio de Economía como Hacienda han desmentido estar planeando un aumento inmediato de impuestos. Aseguran que España no enfrentará problemas significativos para alcanzar el meta de déficit del 3% para finales de año, además de señalar que la relación de deuda con respecto al PIB sigue disminuyendo. El Gobierno sostiene que la mejora en el empleo está generando ingresos adecuados para las finanzas públicas. En medio de estas discusiones, se está ultimando un plan fiscal estructural que se enviará a la Comisión Europea el próximo martes 15 de octubre.
El informe que la Autoridad Fiscal (Airef) ha descrito como un desafío tanto «económico como institucional» sirve como guía para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en los años venideros. Su envío a Bruselas permite al Gobierno posponer la elaboración del plan presupuestario, en el que deberían incluirse medidas fiscales específicas. Por lo tanto, hay un amplio plazo para presentar este plan, que precederá al proyecto de ley de presupuestos. Además, el calendario político influye en esta situación, ya que no se anticipan cambios hasta que se realicen los congresos de ERC y Junts.
