El incremento de los costos, tanto en lo que respecta a las materias primas como en servicios regulados y generales, junto con la falta de mano de obra, se ha convertido en uno de los principales desafíos que enfrenta el proyecto del Gobierno para construir 184.000 viviendas públicas, según indica la Confederación Nacional de Construcción (CNC).
En una rueda de prensa, su presidente, Pedro Fernández Alén, apuntó que el déficit de trabajadores en este sector podría alcanzar las 700.000 personas—“la cifra podría ser aún mayor”—. Antes de la Gran Recesión, el sector contaba con 2,7 millones de empleados, pero actualmente solo hay 1,4 millones, lo que impide alcanzar “la meta óptima de 150.000 viviendas anuales”.
Los constructores demandan, entre otras medidas, la regularización de inmigrantes y la atracción de mano de obra extranjera para hacer frente a esta situación. Es esencial “regularizar a quienes están en situación irregular y también traer trabajadores de fuera”, ya que “nos estamos quedando sin personal”, destacó. Además, es necesario “proporcionar formación y crear arraigo en el país” para “combatir la economía informal”, según comentó sobre las regularizaciones. La CNC respalda también la idea de establecer “convenios de doble nacionalidad” con otras naciones para abordar esta “problemática significativa”. El presidente añadió que “las grandes obras de infraestructuras, como las de Adif, no sufrirán falta de mano de obra, pero en la construcción privada ya se están estableciendo plazos muy prolongados”. Por otra parte, la CNC denuncia que los costos generales han aumentado cerca del 50%, representando entre el 14% y el 21% del total de los presupuestos, como resultado de las diversas cargas tanto regulatorias como administrativas implementadas en los últimos años. El salario de los empleados también está incluido en este cálculo.
En los últimos tiempos, han aparecido numerosas nuevas regulaciones que abarcan diversas áreas, desde la protección de datos personales hasta el control de horas laboradas, incluyendo los mecanismos para denuncias, la gestión de residuos en el sector de la construcción, normativas ambientales y requisitos relacionados con la responsabilidad social de las empresas. Los profesionales de la construcción afirman que la normativa vigente les permite trasladar estos gastos hasta un 13% del valor total del contrato. Sin embargo, sostienen que es factible aumentar este límite al 17% sin requerir cambios en la legislación, lo cual ya están solicitando a varios organismos gubernamentales. La Comisión Nacional de Construcción también señala el alto número de licitaciones que no se adjudican y la falta de un sistema que asegure un equilibrio financiero en los contratos. Además, advierte que, al considerar una posible reducción de la jornada laboral, se deben tener en cuenta las especificidades del ámbito constructivo. En cuanto al incremento de los precios de los materiales, revela que el aumento observado entre 2020 y 2021 es similar al que se dio entre 2007 y 2020.
