En la discusión sobre la disminución de la jornada laboral, el Gobierno enfrenta dos desafíos: uno relacionado con el contenido y otro con los tiempos. El primer desafío radica en que el estancamiento persiste, a pesar de que este martes la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indicó que se habían logrado avances en la última reunión.
Ella comentó que “es la primera vez que la patronal española se ha involucrado en el meollo de las negociaciones”. No obstante, mientras se aguarda la siguiente sesión negociadora que tendrá lugar este viernes, es evidente que las propuestas del Ministerio de Trabajo, como las bonificaciones para las pequeñas empresas, aún no han logrado cambiar la postura de la patronal.
En cuanto al segundo desafío, se refiere a que los plazos prometidos por el Gobierno para la reducción de la jornada laboral, a 38,5 horas este año y a 37,5 horas en 2025, se están volviendo más complicados de cumplir. Díaz ha afirmado que “agilizaremos al máximo el proceso en el Parlamento”. Así, una vez finalizado el diálogo social, esta reducción se tramitará como un anteproyecto de ley con carácter de urgencia. Sin embargo, dado que este tipo de procedimiento puede llevar entre dos y tres meses, será complicado alcanzar un consenso este año. A pesar de esto, la ministra ha reiterado con firmeza el compromiso de cumplir con el acuerdo gubernamental sobre esta cuestión. El pacto firmado entre el PSOE y Sumar establece que “reduciremos la jornada laboral máxima legal sin disminución salarial, estableciéndola en 37 horas y media a la semana. La implementación será gradual, llegando a 38,5 horas en 2024 y concluyendo en 2025”. Esto implica que es posible cumplir con el acuerdo en los plazos finales de cada año.
Díaz ha manifestado su creencia en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que incluya a todos los sectores, incluyendo a los empleadores. Empezó diciendo: «no me levantaré de esta mesa. Tengo una paciencia infinita… Valoro profundamente el diálogo social y no pretendo darlo por terminado». Así, la negociación se presenta como un espacio abierto, dispuesto a ajustar posturas y con flexibilidad en la aplicación por parte del Ministerio de Trabajo, aunque se mantienen objetivos definidos. Entre ellos se encuentra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, con distintos márgenes de aplicación, así como la implementación de sistemas de control de tiempo de trabajo en remoto y el derecho a la desconexión digital. También, en relación al control, se realizarán supervisiones horarias específicas para sectores que tienen jornadas especiales, como la pesca, la siderurgia o el trabajo por turnos.
