En febrero, se formalizó un contrato programa entre el Govern y la CCMA en el Palau de la Generalitat antes de la prórroga de los presupuestos, con una asignación de 1.347 millones de euros durante un período de cuatro años para la entidad que gestiona los medios públicos.
Para el año 2024, el apoyo financiero se establece en 341,7 millones, lo que representa un aumento del 16,9% en comparación con el año anterior, según el gráfico presentado. Este aumento resulta curioso, ya que ocurre en un contexto de congelación del gasto público de la Generalitat debido a la prórroga del presupuesto para 2024.
Se permiten adicionales en el gasto, conocidas como ampliaciones de crédito, solo si cuentan con una justificación adecuada.
Desde 2011, cuando el coste de los medios públicos ascendía a 103 euros por hogar, este monto se había mantenido cercano a los 80 euros. Sin embargo, la contribución de la Generalitat al sostenimiento de la televisión y la radio públicas ha aumentado más de un 35%, alcanzando los actuales 107 euros por hogar. Por lo tanto, el gasto anual por hogar ha crecido de 78 a 107 euros, marcando un récord desde 2010.
El contrato programa que ha elevado el costo de los medios públicos catalanes a cifras no vistas en más de diez años ha sido criticado por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Este organismo indicó en su informe, que aunque no es vinculante, destaca “deficiencias y falta de detalle” en los objetivos planteados. La crítica principal radica en que los compromisos asumidos son en realidad «meros principios o criterios generales», lo que dificulta su consideración como metas específicas y comprobables. El CAC subraya que no se realiza un esfuerzo suficiente por definir objetivos o actividades concretas en términos de servicio.
En relación a las finanzas, el CAC subraya que las aportaciones del presupuesto deben ser realizadas de forma “clara y equilibrada”. El documento indica que es “fundamental que el contrato programa especifique el origen y las cantidades provenientes de actividades que no son exclusivamente de servicio público”.
Además, el CAC ha identificado que no están estipulados los criterios relativos a la gestión de los ingresos por publicidad, así como tampoco se ha delineado la estrategia para su comercialización.