Hoy, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la licitación del contrato de Muface para los próximos dos años, con un incremento de la prima del 17,12%. Este aumento es tres puntos más alto que la oferta inicial realizada a las aseguradoras que atienden a 1.5 millones de funcionarios -actualmente Adeslas, Asisa y DKV-, las cuales consideraron la propuesta inicial inadecuada y la rechazaron.
Con esta modificación, la prima media por cada mutualista aumentará de 1.032,12 euros a 1.208,81 euros en 2026, lo que implica un incremento de 176,69 euros por asegurado. El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha subrayado que esta es «la mayor subida de la serie histórica» y ha iniciado contactos con las aseguradoras.
De acuerdo con fuentes del Ministerio, el total previsto para el concierto alcanzará los 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026. Esto representa un aumento bianual cercano a 304 millones en comparación con el contrato vigente que expira este año. En términos de distribución, el incremento de la prima será del 16,5% para el año próximo y un 0,62% adicional para el siguiente año. En promedio, durante los últimos 25 años, el aumento anual de la prima ha sido del 4,4%.
Para llevar a cabo el cálculo, se han considerado dos aspectos clave: por un lado, la inclusión de nuevos servicios sanitarios en la cartera del Sistema Nacional de Salud, que abarcan temas como la salud bucodental, el aumento de gastos en farmacia de hospitales, medicamentos innovadores y tratamientos avanzados, la incorporación de nuevas vacunas en el calendario y el crecimiento de costos en enfermedades crónicas. Por otro lado, se incluye el aumento en los honorarios médicos. Además, se tiene en cuenta por primera vez el déficit tarifario, que representa la disparidad entre las primas pagadas y el gasto sanitario realizado por las entidades, lo que se incluye en el cálculo para establecer un aumento de primas que compense las pérdidas y cubra los nuevos gastos del sistema de salud.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que el incremento de las primas estipulado en el concierto es “insuficiente”, argumentando que está “muy distante” de la propuesta del 24% que sugirió la propia mutualidad de funcionarios durante el verano. Además, enfatizan que aún no se logra cubrir el aumento de costes generado por la crisis de la Covid y la inflación. Un estudio solicitado por el sector revela que las tres aseguradoras encargadas del servicio han acumulado pérdidas que ascienden a 200 millones entre 2022 y 2024.
Por su parte, Adeslas contrató un análisis de los economistas Alberto Montero, de la Universidad de Málaga y exdiputado de Podemos, y Román Salmerón, de la Universidad de Granada. Este informe concluye que el nuevo concierto debería ser ajustado en un 27% para el próximo año y en un 9% adicional para 2026 a fin de hacer frente a los costes vinculados al servicio.
Tanto el Gobierno como los funcionarios y las compañías aseguradoras esperaban hallar una solución luego de que estas últimas se negaran a aceptar un aumento del 14% en la financiación propuesta al inicio del mandato. Las aseguradoras llevaban meses avisando que el contrato actual resulta extremadamente insuficiente, y también manifestaron su decisión de no participar en el concierto tras conocer la propuesta inicial. Por su lado, el sindicato expresa su preocupación por posibles “nuevos recortes en la asistencia” y advierte que podría organizar movilizaciones si esto se materializa. «Consideramos que no se abordan los problemas fundamentales de déficit de fondos en el sistema, mientras aguardamos la respuesta de las aseguradoras que operan en el concierto», se señaló.
SegurCaixa Adeslas, que cubre a casi la mitad de los funcionarios que optan por la sanidad privada, ha indicado que está revisando los pormenores de la nueva licitación del concierto, con la esperanza de «no incurrir en más pérdidas», aunque no descarta seguir prestando el servicio, incluso si no resulta completamente rentable. Recuerda que en el concurso anterior, hace tres años, muchas aseguradoras decidieron no participar porque las condiciones económicas no eran favorables. Desde entonces, factores como el envejecimiento de los asegurados y el aumento de costos en la atención, que no ha sido compensado por un incremento en las primas, han llevado a las empresas a enfrentar «pérdidas muy significativas».
El contrato actual finaliza a finales de este año y en enero de 2025, los mutualistas deberán decidir nuevamente si optan por la sanidad pública o por alguna de las aseguradoras que resulte ganadora en el próximo concurso con Muface.
Hoy, el Consejo de Ministros ha avanzado significativamente en la búsqueda de asegurar la atención sanitaria para los empleados públicos, a pesar de las diferencias internas. La titular de Sanidad, Mónica García, ha señalado que Muface es un “subsistema anacrónico” y ha expresado su apoyo hacia la sanidad pública.
No obstante, el Gobierno ha descartado en todo momento la idea de eliminar Muface, a pesar de estas tensiones. Un informe reciente de la Universidad Complutense de Madrid examinó diversas opciones respecto a la sanidad de los funcionarios, incluyendo la posibilidad de su eliminación. Según este estudio, si se llegara a eliminar, el modelo de mutualismo generaría un ahorro al Estado de más de 1.000 millones de euros anuales.
En lo que respecta a una posible eliminación de Muface, el informe advertía acerca de las repercusiones en las listas de espera y en las infraestructuras al incorporar a los mutualistas al sistema público. Se estima que las listas de espera para consultas externas podrían incrementarse en un 266% y un 115% para intervenciones quirúrgicas. Además, sería necesario aumentar la capacidad nacional en un 3,8% y, consecuentemente, se requerirían nuevos profesionales en el sistema de salud pública en un contexto ya complicado en cuanto al número de especialistas disponibles.
