Esta mañana, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que establece medidas que deben adoptar las compañías con más de 50 empleados para prevenir la discriminación hacia la comunidad LGBTI. Esta decisión es resultado de un acuerdo que se alcanzó en julio entre el Gobierno y los representantes sociales, siendo uno de los pocos acuerdos tripartitos en los últimos meses.
Las empresas contarán con un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la normativa para iniciar negociaciones, aunque si no tienen convenio colectivo, este plazo se extenderá a seis meses.
Las medidas incluyen la creación de un protocolo para combatir el acoso y la violencia, implementando prácticas preventivas y estableciendo mecanismos para detectar y actuar en caso de incidentes.
El objetivo principal es eliminar la discriminación en el entorno laboral hacia las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales.
Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha afirmado que la meta es «dar un paso hacia la democracia en el ámbito empresarial y erradicar una de las formas más intensas de discriminación en nuestro país». Para subrayar la urgencia de estos protocolos, ha compartido datos sobre la situación actual: el 40% de las personas trans son excluidas del mercado laboral durante los procesos de selección y más del 42% de la población LGBTI sufre discriminación abierta en España.
Los protocolos estarán en vigor tanto para los empleados actuales como para los aspirantes a un puesto, así como para el personal en disposición, los clientes y las visitas. Los aspectos clave de estas medidas incluyen cláusulas de igualdad de trato y formación para quienes estén a cargo de los procesos de selección, lo cual es fundamental para superar una de las principales barreras de entrada para este colectivo, además de proporcionar capacitación sobre los derechos laborales de las personas LGBTI a todo el personal.
Se busca asegurar que las personas LGTBI, así como sus parejas y cónyuges, tengan acceso a los beneficios y permisos sociales de manera equitativa, sin ninguna forma de discriminación. Es fundamental que todos los empleados puedan utilizar los permisos establecidos en los convenios para acudir a citas médicas o realizar asuntos legales, prestando especial atención a las necesidades de las personas trans. Además, se incluirán dentro del régimen de disciplina regulado por los convenios aquellas conductas que vayan en contra de la libertad, la orientación sexual y la expresión de género de los trabajadores.
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