A pesar de que todavía faltan varios meses para su presentación formal, el proyecto que busca concretar la visión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, está avanzando considerablemente. Recientemente, se realizó una reunión interna en la que se discutieron las primeras propuestas, las cuales sugieren una transformación radical en la gestión de los presupuestos.
Esta situación ha generado inquietud entre las diferentes regiones de Europa, que temen un enfoque más centralizado y están preocupadas por el futuro de la política de cohesión.
El concepto de “dinero a cambio de reformas”, que se implementó con los fondos Next Generation EU como medida de emergencia durante la pandemia para estimular la economía, podría convertirse en un estándar.
Según lo compartido en una reunión de septiembre por la Dirección General de Presupuestos a otros departamentos de la comisión, se prevé que 530 programas comunitarios, que incluyen el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo, se reestructuren en 27 programas nacionales únicos, cada uno diseñado para un país específico. Estos programas recibirían una suma de dinero cuyo monto aún no se ha definido, la cual los gobiernos centrales tendrían que negociar, cumpliendo con reformas económicas y objetivos establecidos previamente con Bruselas.
Los recursos financieros se destinarían de manera directa a los presupuestos a nivel nacional, sin que esto implique una participación de las regiones o ciudades en su gestión, a diferencia de lo que sucede en la actualidad con los fondos estructurales y de cohesión, que requieren la realización de proyectos antes de recibir pagos. Un ejemplo mencionado en la presentación sugiere que se condicionen las ayudas para la construcción de infraestructuras ferroviarias a la implementación de reformas en el ámbito de la contratación pública. Las prioridades se actualizarían anualmente, lo que teóricamente permitiría ajustar el uso del presupuesto según lo que ocurra entre 2028 y 2034.
Con estas modificaciones, se propone que la estructura presupuestaria sea más sencilla y adaptable, como sugiere Von der Leyen, pero esto podría implicar la erosión de políticas que han sido históricamente fundamentales para naciones como España, conocidas como ‘amigos de la cohesión’. Además, las regiones y ciudades quedarían excluidas de la gestión de los fondos europeos. De acuerdo a algunas voces europeas, «los planes nacionales serían un caballo de Troya para el proyecto europeo», advirtiendo que esto podría transformar a la UE en una suerte de entidad bancaria, olvidando su compromiso en los tratados de promover la cohesión económica, territorial y social.
Ursula von der Leyen está considerando el establecimiento de un nuevo Fondo de Competitividad que se nutriría de los recursos destinados a la cohesión y a la Política Agraria Común (PAC). Vasco Alves Cordeiro, presidente del Comité de Regiones de la UE, expresó ayer durante un encuentro con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, que, si se confirman los recientes rumores, estaríamos ante dos serios desafíos. En primer lugar, mencionó la posible eliminación del papel de las autoridades locales y regionales en el futuro de la política de cohesión, lo cual calificó de inaceptable. En segundo lugar, advirtió que esto podría erosionar la confianza en las promesas planteadas por la Comisión Europea.
Ferreira subrayó que la política de cohesión es vital para la unidad de Europa, y es fundamental mantener un enfoque que provenga de las bases, así como el principio de colaboración y el objetivo de fomentar el desarrollo en todo el continente. De lo contrario, el riesgo de fragmentación podría desencadenar importantes problemas políticos, poniendo en jeopardía el futuro de Europa. Recordó la importancia de la participación de todos los actores en este diálogo y destacó el compromiso continuo de la presidenta de la Comisión, tanto actual como futura, para conservar esta política y asegurar el involucramiento de las regiones y ciudades, que son el nivel administrativo en el que los ciudadanos depositan más confianza.
Cordeiro también criticó la percepción de que solo desde Bruselas se garantiza un uso adecuado de los fondos públicos, mientras que a nivel local se podría estar desperdiciando dinero. Tanto Cordeiro como Ferreira reafirmaron que, aunque la política de cohesión tiene sus fallos, en general, es efectiva.
El cambio de estrategia se debe, en parte, a la escasez de nuevos fondos europeos. Ursula von der Leyen ha afirmado que no tiene intención de proponer a los Estados miembros que busquen financiación en los mercados mediante la emisión de deuda, como se hizo anteriormente con los fondos Next Generation. Además, parece que no será factible incrementar el presupuesto más allá del 1% del PIB de la Unión, por lo que la Comisión Europea está considerando ajustar programas ya existentes para poder establecer el anunciado Fondo de Competitividad.
Eric Mamer, portavoz de la Comisión Europea, destacó recientemente que no existe ningún documento formal en cuanto a propuestas, sino que hay «algunas reflexiones en desarrollo en la Dirección General de Presupuestos, basadas en las directrices políticas marcadas por la presidenta von der Leyen». Asimismo, se menciona una carta de misión para Piotr Serafin, el diplomático polaco que asumirá el cargo de comisario de Presupuestos, donde se indica que deberá elaborar un plan para cada país que vincule las inversiones europeas con la implementación de reformas.
Cada nación tendrá a su disposición un fondo exclusivo de ayudas, accesible mediante la implementación de reformas económicas. Este aspecto sugiere, según fuentes de las discusiones, el grado de avance de los planes de Von der Leyen, que han causado sorpresa al incluir también soporte para el sector agrícola, con el fin de intensificar su gestión nacional. Antes del periodo estival, representantes de más de 120 regiones europeas, incluyendo Cataluña y las principales regiones alemanas, se dirigieron a la Comisión Europea para respaldar las contribuciones de la política de cohesión y resaltar su importancia en el desarrollo regional. Aquellos que critican el enfoque propuesto por la Comisión esperan que la movilización de la opinión pública y de los implicados logre frenar la iniciativa antes de que se formalice en las negociaciones entre Von der Leyen y los líderes de la Unión Europea.