Con un trasfondo de culpa y reflexión sobre su papel en la dependencia del carbón durante la revolución industrial, el Reino Unido se ha convertido en el primer país desarrollado en eliminar completamente esta fuente de energía para la producción de electricidad.
La reciente clausura de la planta de Ratcliffe-on-Soar marca el fin de una era en el país, que fue pionero en los esfuerzos por reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia energías renovables como la solar y la eólica.
Hace un siglo, en 1920, el carbón era responsable de toda la electricidad del país; en 1982, representaba el 80%; en 2012, un 40%; y ahora, ya no se utiliza en absoluto. Sin embargo, algunos críticos advierten que esta transición puede llevar a una dependencia de la importación de energía de naciones rivales como China, Rusia e India. La relación del Reino Unido con el carbón se remonta a casi 150 años, comenzando con la apertura de la primera central en el Viaducto de Holborn en 1882, justo después de que Thomas Edison cambiara la industria y la vida cotidiana con la invención de la bombilla. El carbón fue esencial para el desarrollo de la máquina de vapor, lo que colocó al Reino Unido en la cima de la primera fase de industrialización, mientras que hoy enfrenta desafíos en esta nueva era tecnológica dominada por vehículos eléctricos, inteligencia artificial y smartphones, en la cual el país ha quedado rezagado.
A pesar de la admiración que pueda generar entre los ecologistas, la meta del nuevo gobierno laborista de eliminar completamente las emisiones de carbono en un plazo de seis años ha provocado un intenso debate. Esto se debe a que países como China, India y Rusia, considerados rivales estratégicos, no están alineados con estos objetivos. Además, Alemania planea continuar utilizando el carbón hasta el año 2038, mientras que Estados Unidos depende de este recurso para generar el 16% de su electricidad y no tiene un cronograma definido para reducir este porcentaje.
El gobierno británico busca establecer un precedente, pero críticos argumentan que están actuando con demasiada celeridad, dado que aún no cuentan con la infraestructura necesaria para depender totalmente de energías renovables como la eólica, solar y marina, que actualmente representan un 40% de su suministro energético. Además, tecnologías como la captura de carbono y el uso de hidrógeno se encuentran en estadios muy iniciales de desarrollo.
La planta de Ratcliffe-on-Soar en Nottinghamshire, que ha cerrado recientemente, era la última de su tipo en operación. Inaugurada en 1968 con una capacidad de 2.000 megavatios, llegó a emplear a 3.000 ingenieros. Hoy, es propiedad de la empresa alemana Uniper, que ha prometido reubicar a los 154 trabajadores restantes en otras instalaciones. El último envío de carbón, con un total de 1.650 toneladas, arribó en junio, marcando así el cierre de esta era. El final de la utilización del carbón en el país no se debe únicamente a razones ambientales ni a la reducción de los límites de emisión permitidos, ya que estas plantas también han perdido rentabilidad debido al alto costo del carbón, los desafíos de extracción y la presión fiscal.
En su lucha contra el uso de combustibles fósiles, el Gobierno laborista ha optado por no prorrogar las licencias para la extracción de petróleo en el mar del Norte, a diferencia de Noruega, que continúa con esta actividad. El siguiente paso del Gobierno es disminuir la dependencia del gas en la producción de electricidad, ya que las plantas concernidas operan apenas al 20% de su capacidad. La clausura de la última planta de carbón marca un hito en la transición hacia un Reino Unido con una economía más centrada en los servicios y menos en la industria manufacturera, que aporta solo un 10% a la producción total. Sin embargo, en el ámbito global, la situación es diferente, consumiendo anualmente 8.500 millones de toneladas de combustibles fósiles.
En este contexto, España está preparada para avanzar en esta línea, motivada tanto por principios éticos como por oportunidades económicas. Según Greenpeace, España ha sido pionera en Europa Occidental, ya que las empresas que operan plantas térmicas de carbón han decidido cerrar de manera voluntaria. Este cambio se ha visto impulsado por el Primer Plan Integral de Energía y Clima (Pniec) del Gobierno de Pedro Sánchez, que fijó inicialmente el año 2030 para la eliminación del carbón, aunque ahora se prevé que ocurra en 2025. Las empresas han acelerado este proceso, reconociendo que el aumento en el uso de energías renovables, la baja del precio del megavatio-hora y el incremento en los costos de los derechos de emisión de carbono han hecho que seguir operando estas plantas sea económicamente insostenible. Actualmente, permanecen en funcionamiento tres instalaciones: Soto Ribera y Aboño en Asturias, pertenecientes a EDP, y Es Murterar en Alcúdia (Baleares), de Endesa, que opera con la mitad de sus grupos. Esta última será la última en cerrar, dado su papel crucial en la seguridad del suministro energético.
Hasta la fecha, estas plantas solo han contribuido con un 1% en la producción eléctrica, en contraste con el 14,3% registrado en 2018, de acuerdo con la información proporcionada por Red Eléctrica Española (REE). En otras naciones de la Unión Europea, la transición desde el carbón está resultando más complicada. Esto se debe, entre otras razones, a que el papel de las energías renovables es menos significativo. Italia, Hungría y Francia planean cerrar sus instalaciones para 2027. Dinamarca y Finlandia tienen como objetivo 2028 y 2029, respectivamente, mientras que Alemania seguirá dependiendo de este recurso fósil, al menos, hasta 2038 y Bulgaria hasta 2040.