Los presidentes autonómicos, principalmente los del PP, denuncian la insuficiencia de fondos para sus regiones y critican el acuerdo entre PSC y ERC. Sin embargo, no ofrecen soluciones para mejorar la situación. Es importante reconocer que utilizar el término «singularidad» en el contexto de la financiación de Catalunya podría no resultar acertado, ya que transmite una actitud arrogante que no favorece la negociación que se avecina.
No está claro si este enfoque ha beneficiado realmente a sus promotores ante sus seguidores, quienes ya tenían una postura formada. Por otro lado, las demás comunidades autónomas han expresado su descontento, ya que todas se consideran singulares. ¿Quién estaría dispuesto a renunciar a esa distinción? Algunas alegan su estructura poblacional; otras, la extensión de su territorio; hay quienes mencionan sus bajos niveles de ingresos o el coste de sus competencias.
Y por supuesto, hay una que, todos lo sabemos, se refiere a sus privilegios, aunque no sean formalmente reconocidos. Los líderes autonómicos del PP afirman que el pacto entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat «quiebra la solidaridad y la igualdad en España». Esta es la narrativa que debe seguir Alberto Núñez Feijóo, cabeza del PP, ya que tanto Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, como Fernando López Miras, de Murcia, repitieron esa misma idea tras reunirse con Pedro Sánchez. Pero, ¿es realmente así? Si se examinan las demandas que estos líderes presentaron al Gobierno, se concluye que la «solidaridad y la igualdad» ya estaban comprometidas incluso antes de que el acuerdo entre PSC y ERC tuviera algún efecto concreto.
Desgajados y fragmentados, solo así se podría entender por qué los líderes autonómicos están lidiando con un panorama financiero insostenible y explosivo en sus gestiones. Mazón expresó su malestar por la insuficiente financiación de su región, comparada con otras que aparentemente gozan de mejores recursos, señalando que el 74% de su deuda con el Estado, que asciende a casi 60.000 millones de euros, proviene de esta carencia. Por ello, solicita una reducción significativa de la deuda, similar a la condonación que se otorgó en Catalunya, abogando por al menos un 30%, aunque hasta el momento ha rechazado el acuerdo de ERC con el Gobierno que establece una rebaja del 15% para todas las comunidades. García Page sostiene que la riqueza de Catalunya es patrimonio de todos los ciudadanos españoles; sin embargo, se pregunta por qué no menciona a Madrid. López Miras también se unió a la misma línea de argumentación que su colega valenciano, pidiendo la creación de un fondo de nivelación que atienda las necesidades más urgentes hasta que se establezca un nuevo sistema de financiación autonómica. Cabe destacar que la reducción de la deuda es un tema tabú para la comunidad de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, que se presenta como la que lo tiene todo: no mantiene deudas con el Estado, reduce impuestos, experimenta un crecimiento superior al del resto y acusa al Gobierno central de falta de apoyo. En relación a temas actuales, la semana pasada se anunciaron las proyecciones económicas de las autopistas estatales construidas entre 1999 y 2004; la mayoría corresponde a las radiales de Madrid (seis de un total de nueve) y fueron nacionalizadas por el Estado en 2018 debido a su quiebra. Sería interesante conocer la postura del presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ya que en dicha comunidad llevan años demandando la gratuidad de la AP-9, que atraviesa su costa atlántica y cuya concesión a la empresa privada Audasa fue ampliada en 25 años, hasta 2048, por el gobierno de José María Aznar.
En junio del año pasado, el Congreso aprobó una propuesta, aunque todavía se desconoce cuándo se implementará, la cual ha sido una demanda del Parlamento gallego durante casi diez años. En esta región, resulta incomprensible la falta de soluciones para eliminar los peajes, argumentándose que el alto costo de recuperar este servicio en manos privadas es un obstáculo. En contraste, el rescate swift de las radiales que rodean Madrid se llevó a cabo con notable rapidez. Tal vez esto se deba a que en el caso de las radiales, el lucro estaba en su construcción, mientras que su operación fue deficitária, a diferencia de lo que ocurre en la autopista de Galicia. Los conductores de Madrid encontraron rutas alternas sin costo –ya que a diferencia de otras comunidades con situaciones históricas distintas, estas eran consideradas privilegiadas– lo que llevó a las empresas concesionarias a la quiebra. El Estado tuvo que intervenir, asumiendo un coste que asciende a aproximadamente 2.300 millones de euros, un ejemplo claro de beneficiarse privatizando y socializando pérdidas a expensas del erario público, representando un claro ejemplo del capitalismo clientelista. Que tales prácticas hayan reforzado el poder central que opera dentro de la M-30 podría ser tema para otro análisis detallado. ¿Se planea abordar esta situación aumentando los impuestos en una comunidad con servicios saturados? Estos son solo algunos de los indicios de una fractura en la solidaridad y la igualdad, antecedentes a la firma del pacto entre socialistas y republicanos catalanes con el apoyo del PSOE y el Gobierno de Sánchez.
¿Cómo intentan los líderes del PP y el socialista Emiliano García Page, quien ha surgido como un aliado inesperado en Castilla-La Mancha, abordar el serio problema que sumerge a muchas comunidades autónomas en la pobreza y la presión económica? ¿Acaso solicitarán más fondos de aquellas regiones que ya imponen a sus ciudadanos algunos de los impuestos más elevados del país, y que, a pesar de esto, enfrentan servicios públicos entre los más deficientes de España, además de necesitar con urgencia modernizar sus infraestructuras, especialmente en el sector ferroviario, que se encuentra en constante crisis? Este viernes, después de su encuentro con Sánchez, García Page comentó que “la riqueza de Catalunya no pertenece solo a los catalanes, sino a todos”. Si lo miramos desde esta perspectiva, sería más acertado mencionar la riqueza de una comunidad que obtiene ingresos de las demás y que es la más adinerada, Madrid. Sin embargo, es mucho más sencillo y políticamente seguro referirse a Catalunya que a la poderosa capital. Un claro ejemplo de audacia política.
