Carlos Cuerpo ha estado al mando del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa durante nueve meses y puede presentar resultados económicos favorables. Sin embargo, la mejora no se ha reflejado aún completamente en la vida diaria de los ciudadanos, y la inflación, aunque está controlada, enfrenta nuevos riesgos debido a la situación en Oriente Medio.
En una reciente conversación con La Vanguardia, subraya la importancia de mitigar los efectos de la reducción de la jornada laboral sobre el sector productivo, considera necesario disminuir el debate en torno a la financiación particular de Catalunya y destaca la contribución de España en las deliberaciones de Bruselas sobre las relaciones comerciales con China, a pesar del aumento de aranceles a los vehículos eléctricos.
A pesar de contar con cifras macroeconómicas alentadoras, estas no se traducen en mejoras palpables en el cotidiano. ¿Qué medidas se pueden tomar para que un crecimiento del PIB del 2,7% beneficie a la población en su día a día?
La economía en España presenta un avance notable, con un crecimiento que está siendo revisado al alza por diversos analistas. Nosotros mismos ajustamos nuestras previsiones hace pocos días, no solo para el 2024, sino también para el año 2025. Esto crea un entorno macroeconómico casi óptimo, que posibilita mantener una responsabilidad fiscal, reduciendo tanto la deuda como el déficit. Este equilibrio es fundamental para que los beneficios económicos se sientan a nivel individual, y se pueden observar cambios en varios aspectos.
¿En qué áreas se empiezan a notar estos cambios?
Las personas están sintiendo el aumento de los precios en sus compras diarias. Sin embargo, al comparar este incremento con el crecimiento de los salarios o la renta disponible, observamos que la renta real en España ha mejorado cerca de un 5% en relación a los niveles anteriores a la pandemia. Además, la revisión de las hipotecas en la actualidad en comparación con el año pasado ha traído consigo un ahorro de más de 800 euros anuales para quienes tienen una hipoteca promedio.
¿Podría el aumento en los precios del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio poner en peligro la recuperación económica?
Al principio, se registró un aumento en los precios del crudo, así como una ligera caída en el valor de las acciones y los mercados financieros, aunque esta tendencia se ha estabilizado en los días siguientes. Actualmente, estamos en una fase de espera en medio de una considerable incertidumbre.
¿Existe el peligro de que se produzca otra ola inflacionaria?
Es demasiado pronto para afirmar que haya un peligro de inflación vinculado a este conflicto, pero es crucial ser cautelosos y evitar cualquier escalada que pueda impactar de inmediato a los mercados. Por ahora, no se observan efectos claros, así que es esencial proceder con precaución y monitorear la situación sin dar señales de algo que no está ocurriendo. Desde la perspectiva de los bancos centrales, está claro que este choque actual no implica por ahora un traslado a los precios, aunque la situación continúa siendo bastante incierta.
Los indicadores económicos son positivos, aunque la inversión todavía se encuentra por debajo de los niveles que se tenían antes de la pandemia.
La narrativa sobre la recuperación económica ha sido ajustada gracias a la revisión de datos del INE, que indica un resurgimiento notable de la inversión, acercándose a cifras anteriores a la pandemia. Si consideramos la inversión junto con los inventarios, ya habríamos superado esos niveles. Para el año 2025, se prevé que el consumo privado y la inversión sean los dos principales motores de crecimiento. Se anticipa que el impacto del plan de recuperación alcanzará su máximo en 2025, especialmente impulsado por el sector de la construcción.
Es cierto que mencionas el consumo como un motor económico. A nivel global, ha vuelto a niveles previos a la pandemia, pero esta afirmación no se sostiene si analizamos el consumo promedio por hogar.
Primero, es importante mencionar que los factores clásicos del consumo, como son el empleo y los salarios, han tenido un desarrollo positivo y se espera que continúen así. No obstante, existe una cierta incertidumbre relacionada con la evolución de las tasas de interés y los precios, que esperamos se aclare y facilite que los hogares hagan decisiones de gasto más a medio plazo, como la compra de un automóvil.
Cabe señalar que la recientemente aprobada Ley de Vivienda solo tiene aplicación en Cataluña.
Es fundamental el laboratorio que poseemos, ya que cerca del 80% de la población de Cataluña está bajo la protección de la ley de Vivienda al ser considerada una zona en tensión. Debemos reconocer las ventajas que esto conlleva. Por ejemplo, los propietarios pueden obtener bonificaciones adicionales en su declaración de impuestos o para sus inversiones. Esto implica que se permite realizar una inversión más allá de lo que ya se había planificado en el programa de vivienda o de las actuaciones extraordinarias, siempre que se reconozca la situación de zona tensionada. Por eso, es crucial que las comunidades autónomas realicen este reconocimiento. Se trata de un aliciente beneficioso, ya que al identificar estas áreas problemáticas, puedo ofrecer apoyo y mayor financiación, lo que beneficiará a los ciudadanos.
Si es tan ventajoso, ¿por qué solo Cataluña lo está implementando y las demás se niegan?
Esta pregunta debería dirigirse a las comunidades que no están llevando a cabo estas medidas. Desde el Gobierno, nuestra postura es clara: queremos ayudar a estas regiones, pero necesitamos que se declare oficialmente como zona tensionada; no requerimos más acciones, nosotros nos encargamos de lo demás.
¿Están estas comunidades perjudicando a sus habitantes al no aplicar la ley?
El costo de oportunidad es evidente. Aplicar la ley y reconocer una zona como tensionada, siempre que se cumplan los requisitos, permite a los ciudadanos acceder a herramientas de financiación que no tendrían sin dicha declaración. Por lo tanto, el costo de oportunidad es considerable para los ciudadanos.
Hablando de presupuestos, ¿debemos prepararnos para otra prórroga?
Adopto un enfoque muy racional y deseo continuar con el plan que hemos instaurado desde el Gobierno: buscar consenso para acordar unos presupuestos generales del Estado, que implican varias etapas. La primera consiste en fijar los objetivos a alcanzar. En este momento, estamos inmersos en la negociación para la aprobación del presupuesto para 2025. Quiero transmitir un mensaje optimista, ya que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos para lograrlo.
Si al final esto no se concretara, ¿sería necesario convocar elecciones?
En 2024, estamos funcionando con unos presupuestos prorrogados de 2023. Para realizar todas las acciones previstas para el próximo año con unos presupuestos extendidos, es preciso hacer ciertos ajustes entre las diferentes partidas. Actualmente, estamos enfocándonos en que ningún compromiso quede sin atender, lo que es esencial y demuestra que, incluso con presupuestos prorrogados, seguimos avanzando en nuestras promesas.
Tras las recientes revisiones del INE, ¿qué cambios se plantearán en el plan fiscal que se enviará a Bruselas el 15 de octubre?
Contamos con un esquema general, que incluye los objetivos de déficit que anunciamos en julio: un 3% para 2024, que se ajusta a las normas fiscales europeas, lo que nos califica como responsables ante la Comisión. Luego, planteamos un 2,5% para el siguiente año, 2,2% en 2026, y un 1,8% en 2027. Ahora, debemos elaborar un documento completo que refleje esta evolución del déficit y su relación con el gasto, cumpliendo así con los requisitos que Bruselas establece.
En cuanto al objetivo de déficit del 2,5% para 2025, ¿hay posibilidad de flexibilizar el margen de las comunidades autónomas para conseguir el respaldo de partidos como Junts?
Es una alternativa viable; me refiero a que parte de la discusión radica en ajustar el objetivo global del 2,5% con los esfuerzos que cada administración debe asumir. En este contexto, la actuación política del Gobierno durante los últimos años ha estado centrada en mejorar la situación financiera de las comunidades. En julio se realizó un cambio en la distribución de objetivos, otorgando mayor margen a comunidades autónomas y municipios. En un periodo de dos años, se incrementó en 12.000 millones la capacidad de déficit para estos dos ámbitos. Estos objetivos fueron presentados en el Congreso, donde en un principio fueron desestimados, aunque la propuesta discutida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera recibió, diría yo, una respuesta relativamente positiva. Por ejemplo, no hubo objeciones por parte de las comunidades del Partido Popular. Sin embargo, en el Congreso finalmente se rechazó esta propuesta, y en este momento estamos nuevamente en un proceso de diálogo.
En relación con la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Sabadell, ¿hubo comunicación con el Gobierno antes del anuncio?
No, no tuvimos ninguna comunicación previa. Es importante destacar que esta decisión recae en cada uno de los involucrados, tanto en la propuesta del BBVA como en la respuesta del consejo de Sabadell.
Si la operación sigue adelante, ¿hay un momento en el que ustedes podrían bloquear la fusión?
Así es, en el Ministerio de Economía tenemos la autoridad final para aprobar la fusión entre ambas entidades. Hay que diferenciar entre la OPA, que implica la compra de acciones por parte del BBVA, y la fusión efectiva de las entidades. En este momento, se está llevando a cabo la adquisición de acciones en esta OPA hostil, siguiendo los procedimientos establecidos.
¿Cuáles son sus inquietudes respecto a esta OPA?
He manifestado de manera clara nuestra inquietud respecto al posible impacto que podría tener esta operación, especialmente en términos de una excesiva concentración en el sector financiero, lo que podría ocasionar efectos negativos para los consumidores debido a la falta de competencia. En lo que respecta a las condiciones de los productos ofrecidos, hemos notado que la tasa de interés de los depósitos no ha aumentado a la par con el incremento de los tipos de interés. El Banco de España también mencionó una posible falta de competencia como factor clave, además de otros elementos como la abundante liquidez que actualmente poseen las entidades financieras.
Algunos aspectos adicionales que nos generan preocupación son las regresiones en inclusión financiera, el acceso a financiación para pequeñas y medianas empresas, que representan una parte crucial de la actividad del Sabadell, y la generación de empleo. Es importante destacar que, además de la cohesión territorial, el Sabadell desarrolla su actividad de forma muy concentrada, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Todo esto conforma un conjunto de inquietudes que nos llevaron a adoptar una postura negativa desde el principio.
Si llegara el momento, esto podría traducirse en un rechazo a la fusión.
Estas inquietudes nos llevan a mantener una posición opuesta a la fusión.
Actualmente, las negociaciones sobre la reducción de jornada se encuentran en un punto muerto. ¿Está usted a favor de continuar, incluso si solo cuenta con el respaldo de los sindicatos?
Estamos comprometidos como Gobierno a progresar en la reducción de la jornada laboral. Es esencial que este avance se realice de tal manera que se minimicen los posibles impactos adversos y, si se mira desde una perspectiva más optimista, se maximicen los beneficios que pueda aportar. Esto implica fomentar un ciclo virtuoso que relacione la disminución de horas laborales, con un aumento en la productividad de las empresas y la posibilidad de otorgar mejores salarios. Para lograr una implementación efectiva, es fundamental que la solución propuesta cuente con la flexibilidad necesaria, ya que no se pueden tratar de la misma forma a grandes empresas, que tienen más margen para ajustes, que a pequeñas y medianas empresas.
¿Y qué sucede si no se logra un consenso?
Es importante considerar varios aspectos. En primer lugar, el diálogo social ofrece dos ventajas significativas. Por un lado, otorga mayor sostenibilidad a las decisiones y, por otro, es muy favorable a la hora de presentar propuestas en el Congreso. Así, es crucial que la normativa alcance un equilibrio que no perjudique a nuestro sector productivo, sino que incorpore flexibilidad a través de aspectos como bonificaciones, plazos de implementación y compatibilidad con la negociación colectiva.
La financiación específica acordada entre PSC y ERC está generando un considerable debate.
Es fundamental aclarar lo que ya se conoce y lo que se ha acordado previamente, así como evitar confusiones sobre ciertos términos. Existe un concepto clave relacionado con la suficiencia de recursos que permite a las comunidades autónomas realizar los gastos en sus áreas de responsabilidad. Esta suficiencia también está ligada a una oferta equitativa de servicios, independientemente de la comunidad en la que uno se encuentre. Además, esta oferta implica un nivel adicional de solidaridad entre las distintas regiones. Todos estos aspectos están contemplados en el acuerdo y es esencial no desviarse de él, ya que podría generar distorsiones y, potencialmente, inquietudes que no deberían formar parte del debate actual.
En cuanto a la decisión de la UE de aumentar los aranceles sobre los vehículos eléctricos procedentes de China, se ha dejado abierta la posibilidad de dialogar. ¿Cuál ha sido la influencia de España en esta decisión?
La postura de España, resaltada por el presidente del Gobierno, está teniendo un efecto muy favorable al fortalecer la comunicación y negociación con las autoridades chinas. En las recientes reuniones bilaterales entre comisarios europeos y el ministro de Comercio chino, se ha notado un impulso significativo que responde a la solicitud directa de España y otros países, como Alemania, para explorar todas las posibilidades de negociación. Es crucial alcanzar un acuerdo negociado y parece que la Comisión Europea ha comprendido esta demanda.