La reducción flexible propuesta por el Gobierno es un modelo que ya se observa en países europeos

La propuesta de la baja flexible ha generado un gran debate dentro de las estructuras gubernamentales en España. Este concepto, ya establecido en varias naciones europeas, se plantea como una innovación en el país. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, mencionó recientemente la posibilidad de un regreso parcial al trabajo que combine tanto la baja como el empleo, siempre considerando la voluntariedad y el bienestar del empleado.

Aurora Sanz, socia directora del área laboral en Grant Thornton, argumenta que lo que ha propuesto la ministra no es novedoso en el contexto europeo. Al analizar distintas experiencias, resalta que en los Países Bajos se permite una reincorporación gradual con opciones de trabajo a tiempo parcial o ajustes en el puesto de trabajo.

Dinamarca presenta un modelo comparable, en el que se mantiene una buena conexión con el sistema de salud. En Suecia, para incapacidades prolongadas, también se contempla la posibilidad de trabajar parcialmente, mientras que Alemania cuenta con una modalidad de baja médica parcial, aunque con condiciones más estrictas. Sanz también menciona el ejemplo del Reino Unido, donde se utilizan las fit notes, que adaptan el rol laboral al empleado con algún tipo de incapacidad. Según ella, la tecnología actual permite que muchas ocupaciones puedan equilibrar trabajo y tiempo de baja. Este tipo de medidas similares también se observan en naciones vecinas, como Francia, con una tendencia más marcada en las regiones del norte de Europa.

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo clasifica a los países en cuatro categorías según su enfoque hacia la rehabilitación y reintegración laboral. El primer grupo incluye a naciones que priorizan la recuperación del empleado en baja, como Países Bajos, Alemania y Dinamarca, así como Finlandia y Noruega. En segundo lugar, se encuentran aquellos que abordan el tema de manera integradora, pero también consideran el costo económico, como Reino Unido, Francia, Bélgica e Italia. El tercer grupo, con un apoyo más limitado para la reintegración laboral, lo conforman países como España, Irlanda, Bulgaria, Portugal y Rumanía. Por último, hay naciones que no ofrecen una asistencia clara ni para la rehabilitación ni para el regreso al trabajo, como Grecia, Croacia, Malta y Polonia.

Es relevante señalar que en casos como el de Países Bajos, los empleadores deben asumir un costo significativo por las indemnizaciones por enfermedad, lo cual les proporciona un fuerte incentivo para establecer sistemas efectivos de reincorporación laboral, según el informe de la agencia. Además, se está avanzando hacia modelos más personalizados y con intervenciones tempranas en la gestión del retorno al trabajo. Sin embargo, esto puede representar un reto considerable para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas.

Un estudio reciente de Ivie y la mutua Umivale Activa indica que Países Bajos, Alemania y Suecia son los que más invierten en prestaciones por incapacidad temporal, representando entre el 1,5% y el 2% de su PIB. España sigue de cerca con un 1,4%. Sin embargo, en nuestro país, las ausencias por incapacidad son notoriamente más altas: entre 2014 y 2022, el 4,1% de los trabajadores se ausentó por este motivo, en comparación con el 2,4% en Alemania y solo superado por el 4,6% en Francia. En la última década, el peso de las bajas se ha duplicado.

Valentín Bote, director de Randstad Research, destaca que en España hay una grave problemática relacionada con el absentismo laboral. Asegura que se está registrando un aumento tanto en la cantidad de bajas como en su duración. Para abordar esta situación, propone la implementación de medidas que faciliten el sistema o aceleren los trámites necesarios.

Los especialistas consideran fundamental reformar el sistema existente para combatir el absentismo, aunque sugieren que es más factible adoptar soluciones sencillas en lugar de realizar una revolución en el proceso de reincorporación. Entre las propuestas viables, Bote menciona que los médicos de las mutuas deberían tener la autoridad para emitir altas laborales, que las pruebas diagnósticas se manejan externamente y que se amplíe la colaboración del sector privado, tal como ocurre en otras naciones.

También resalta la congestión del sistema actual y los largos tiempos de espera para las pruebas, lo cual contribuye a que ciertas enfermedades tarden más en resolverse. Además, se ha observado un aumento en las bajas por cuestiones psicológicas, estrés y acoso laboral desde la llegada de la pandemia, tal como indican los expertos de Grant Thornton.