A pesar de que los precios de las viviendas aún no alcanzan los niveles de 2008, persiste un temor palpable ante la posibilidad de una nueva crisis. La suba de los alquileres se asemeja a lo que se narra en las obras de García Márquez, como una historia cuyo desenlace es inevitable.
Hace un año se implementó una nueva normativa sobre vivienda, diseñada para aliviar la tensión en el mercado español. Sin embargo, los resultados han sido contrarios a lo esperado: más de 100.000 propiedades fueron retiradas del alquiler. El refrán que dice que proteger en exceso puede perjudicar a quienes se intenta ayudar ha vuelto a cobrar sentido.
El Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez tomó decisiones equivocadas, influenciado por la presión de sus aliados, Sumar y Podemos. Esto llevó a limitar el aumento de los alquileres en un contexto inflacionario; la ley contra desahucios y la extensión de los contratos han generado inquietud entre los arrendadores, quienes ahora temen ofrecer sus viviendas vacías. Este delicado balance entre los derechos de inquilinos y propietarios ha provocado un colapso en el mercado.
A la problemática se agrega la llegada de más de un millón de inmigrantes en los últimos dos años y la mejora del empleo, que han incrementado la demanda de vivienda mientras la oferta seguía estancada. También es un hecho que los alquileres turísticos han demostrado ser altamente rentables. Como consecuencia, los precios han aumentado drásticamente. Los principales afectados han sido los jóvenes y las personas más vulnerables, quienes destinan la mitad de sus ingresos al alquiler. Cada día que pasa, su situación se vuelve más crítica, con mayor hacinamiento, mientras que los políticos parecen limitados a discursos, promesas y acusaciones mutuas.
El delicado balance entre los derechos de los arrendatarios y los propietarios ha provocado un colapso en el mercado, afectando especialmente a los jóvenes y a los grupos más desfavorecidos. Un ejemplo ilustrativo es que en España solo un 1% de las viviendas son de alquiler social, en comparación con el 7,5% de la media europea y el asombroso 34% de los Países Bajos. Las promesas del presidente Sánchez sobre la construcción de 100.000 hogares asequibles todavía resuenan en la memoria colectiva, al igual que las expectativas generadas en torno a la Sareb, el conocido banco malo, que se comprometió a poner a disposición un número considerable de propiedades, sin olvidar la posibilidad de reutilizar los terrenos de antiguos cuarteles a través del Ministerio de Defensa.
La situación habitacional se ha convertido nuevamente en la principal inquietud para los ciudadanos españoles, según el más reciente estudio del CIS. Esta preocupación ha llevado a que el próximo encuentro de presidentes autonómicos se centre en este tema. No cabe duda de que el sector del alquiler influye notablemente en el mercado de la propiedad. Dada la similaridad en los costos entre pagar un alquiler y una hipoteca, muchos optan por esta última, ya que al final el inmueble pasa a ser de su propiedad.
El exministro socialista y académico Miguel Sebastián advierte sobre la posibilidad de una nueva burbuja en el sector inmobiliario, señalando que el aumento de los precios es un fenómeno exponencial que puede desatarse en un corto plazo de uno a dos años, aunque su detección pueda tardar más. Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran el ahorro acumulado de las familias, la eliminación de incentivos fiscales para el ahorro, la bajada en las tasas de interés, el aumento en los valores de las propiedades y la especulación intensa. Además, hay una escasez de terrenos y permisos para edificar, un crecimiento de la población, inversión extranjera en el mercado, un turismo en auge y el elevado coste para los municipios de adaptar sus planes urbanísticos, que anteriormente se diseñaron para limitar la construcción entre 2007 y 2009.
Aún hay oportunidad para evitar una crisis similar. Sin embargo, esto requiere que se tomen lecciones de los fallos del pasado reciente.
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