Esta semana se ha dado inicio al proceso de deshacer las medidas implementadas para enfrentar el impacto inflacionario de 2021 a 2023. La reciente evolución del índice de precios al consumidor (IPC) ha permitido la eliminación gradual de las reducciones del IVA en productos alimenticios básicos, y se anticipa la suspensión de subsidios al transporte ferroviario.
Sin duda, la disminución de la inflación ha sido significativa en España y en la eurozona, con cifras del 1,5% y 1,8% en septiembre, respectivamente. Esta tendencia, junto con el estancamiento en el área del euro, posibilita al Banco Central Europeo considerar una nueva disminución de las tasas de interés.
Dentro de este contexto, el crecimiento económico en España podría llevar a una disminución en el costo del crédito, lo que, a su vez, favorecería un mercado inmobiliario que ya estaba en ascenso annualmente en el segundo trimestre. Este aumento se ve reflejado en un incremento de precios de venta del 7,8% y en un total de 660.000 transacciones. Además, la estabilidad en la inflación se ha logrado sin repercutir negativamente en el mercado laboral. Los notables incrementos en la creación de empleo de 2021 (631.000), 2022 (714.000) y 2023 (635.000) se complementarán en 2024, con al menos 530.000 nuevos puestos, si las tendencias observadas hasta el verano se mantienen. Esto resulta en un nivel de empleo históricamente alto, superando los 21,7 millones de trabajadores.
Estas circunstancias se reflejan en proyecciones de crecimiento del PIB que podrían alcanzar cerca del 3% para este año. La nueva política de austeridad es menos drástica que la de 2010 a 2014, aunque igualmente demandante. Sin embargo, no todo es positivo, ya que el panorama se torna más sombrío al analizar las finanzas públicas.
Es innegable que el déficit ha disminuido notablemente desde el alarmante 10,1% del PIB en 2020 hasta el 3,6% en 2023. Además, las proyecciones de la Comisión Europea de septiembre indican que permanecerá en niveles aceptables, cerca del 3% tanto en 2024 como en 2025. Sin embargo, la preocupación radica más en la evolución futura de la deuda pública, que actualmente supera el 105% del PIB. Según el informe del Debt Sustainability Monitor de marzo de 2024, esta podría alcanzar el 110% del PIB para el 2034, un umbral preocupante que evidencia las dificultades para reducirla a cifras manejables. Este escenario se agrava por el incremento en el gasto en pensiones y servicios de salud debido al envejecimiento de la población, lo cual complica aún más la situación. Además, el Gobierno español se ve obligado a presentar a Bruselas su plan de disminución de la deuda para los próximos cinco años, independientemente de un posible acuerdo presupuestario. Todo esto explica la reciente reintroducción de medidas de austeridad, que aunque menos drásticas que las impuestas entre 2010 y 2014, siguen siendo significativas. A pesar de este panorama fiscal y siempre que no surjan crisis externas, como un conflicto en Oriente Medio, el futuro inmediato hasta finales de 2025 no parece tan desalentador, al menos por el momento.
