La Unión Europea ha decidido hacer permanentes los impuestos sobre los vehículos eléctricos provenientes de China, aunque continúa con las negociaciones al respecto

La Comisión Europea ha aprobado hoy, tras una votación entre los Estados miembros, la polémica medida de establecer aranceles de hasta un 35% sobre los vehículos eléctricos procedentes de China, con un periodo de aplicación que podría extenderse hasta cinco años.

Esta decisión, parte de un esfuerzo por salvaguardar la industria automovilística europea, contó con el respaldo de 10 delegaciones, la oposición de 5 y 12 abstenciones, aunque muchas de las delegaciones han decidido no revelar cómo votaron. A pesar de la aprobación de los aranceles, las conversaciones con Pekín para evitar una escalada en las tensiones comerciales continúan en marcha.

Estos aranceles, que se estaban aplicando de manera provisional desde julio tras la investigación sobre ayudas estatales encubiertas por parte de China, podrían comenzar a aplicarse formalmente a inicios de noviembre. En Bruselas existe la preocupación de que la respuesta de China, ya esperada, podría ser contundente y rápida. Fuentes diplomáticas señalaron que se anticipan represalias comerciales, y se cuestiona la magnitud de estas medidas y la disposición de Pekín para entrar en una confrontación comercial con la Unión Europea.

El sector de la porcicultura, junto con bebidas como el brandy, se enfrentan a un riesgo significativo. Se cree que Pekín ha optado por esta bebida como una forma de represalia hacia París, debido a su apoyo en las investigaciones sobre vehículos eléctricos originarios de China. Ayer, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, envió una carta a Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Comercio. En ella, instaba a Bruselas a mantener abiertas las negociaciones hasta el final y a buscar un consenso basado en establecer precios mínimos para importaciones, lo cual ya están analizando los expertos de la UE en sus diálogos con las autoridades chinas. Además, se mencionó la necesidad de compromisos para trasladar la producción de baterías eléctricas a suelo europeo.