La Junta Fiscal Europea, un ente autónomo que evalúa las políticas fiscales dentro de la Unión Europea, criticó este miércoles a la Comisión Europea por su determinación de no iniciar un procedimiento por déficit excesivo contra España. Esto se decidió a pesar de que en 2023 se registró un desajuste de un 3,6% entre los gastos y los ingresos.
En su momento, Bruselas argumentó que, considerando los datos de 2024 que predecían un retorno al 3% exigido por las normativas del pacto de estabilidad, no era necesario proceder contra España. En cambio, sí actuó frente a otros países como Francia, Bélgica e Italia, bajo la premisa de que se trataba de una desviación temporal.
El informe anual de la Junta Fiscal Europea, difundido este miércoles, señala: “Este enfoque introduce un nuevo nivel de discrecionalidad que no está estipulado en las normas legales pertinentes”, lo que compromete la finalidad de establecer reservas fiscales en tiempos de crecimiento económico. Niels Thygesen, presidente del organismo, recordó durante una conferencia de prensa que uno de los fundamentos del proceso por déficit excesivo es apoyarse en datos verificados, no en proyecciones. Según él, lo apropiado habría sido sugerir al Ecofin abrir un expediente para España, dado que estaba «claramente documentado» que el cierre de 2023 superó significativamente el límite autorizado. Thygesen concluyó que la decisión de la Comisión en junio “no se alinea con las normas vigentes”. Al analizar el caso español, la Comisión Europea indicó “explícitamente” que no se daban las condiciones para invocar “factores relevantes” que justificaran la desviación en el presupuesto, según el informe de la Junta Fiscal Europea.
En situaciones parecidas, Bruselas ha procedido a enviar «sistemáticamente» al Consejo una propuesta para determinar la presencia de un déficit excesivo. No obstante, en esta ocasión, el Ejecutivo de la UE sostuvo que iniciar un procedimiento de este tipo no sería “útil” y decidió no abordar la desviación “sin que el Gobierno tuviera que adoptar medidas adicionales”. Esta elección, según el organismo europeo, no se alinea con las recientes normativas fiscales. Asimismo, el organismo realiza críticas similares a las decisiones relativas a Eslovenia y Finlandia, naciones que tampoco fueron objeto de sanciones. La próxima semana, los ministros de Economía europeos evaluarán el lanzamiento de las nuevas normativas fiscales, con este informe en consideración.
