La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, afirmó este jueves que “el cupo catalán podría significar una pérdida de 165 millones en términos de vivienda”. Según explicó, esta suma se relaciona con las 16.764 familias que “el Gobierno ha dejado sin apoyo”: 10.500 personas que recibieron asistencia para el alquiler, 5.700 jóvenes beneficiarios del Bono Joven, 410 jóvenes que accedieron a subvenciones para la compra de vivienda, y 154 individuos en situación de vulnerabilidad.
Esta fue la reflexión de Camarero justo antes de asistir a la Conferencia Sectorial de Vivienda, convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez. En el ámbito nacional, la número 2 del Consell sostuvo que el Gobierno actúa “con amenazas para tratar de rescatar un ejecutivo que enfrenta problemas”.
Además, Camarero reprochó a Pedro Sánchez por “gestionar con el objetivo de enriquecer a Cataluña con los fondos de vivienda que pertenecen a otras comunidades autónomas”. La vicepresidenta expresó su preocupación de que “en vez de proponer soluciones, el Gobierno se mueve mediante intimidaciones para intentar salvar un ejecutivo que está en crisis”. Asimismo, destacó que la implementación de la Ley de Vivienda es opcional y precisó que, en realidad, “ninguna comunidad la está aplicando, salvo Cataluña, lo que indica que se trata de un tema de políticas efectivas, no de afiliación política”.
En este contexto, se ha señalado que «las comunidades están llevando a cabo iniciativas efectivas dentro de sus capacidades para fomentar la construcción de viviendas y disminuir costos. En nuestro caso, esto se realiza a través del Plan Vive, que tiene como objetivo ofrecer 10,000 viviendas en un periodo de cuatro años. No podemos aceptar la injerencia del Gobierno, mucho menos el extorsionar con un tema que representa la tercera preocupación para la ciudadanía y la principal para los jóvenes». La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha subrayado que la comunidad solicitará al Ejecutivo que el plan de vivienda se base en “criterios justos, equitativos y objetivos, como el criterio poblacional, que otorga seguridad jurídica y la objetividad necesaria para distribuir los fondos entre todas las comunidades autónomas”.
En relación con el Bono Joven, ha instado al Gobierno a acelerar los procedimientos para publicar con prontitud las convocatorias de ayudas. “Ya estamos fuera de los plazos necesarios para que las ayudas lleguen a quienes las necesitan, por lo que deberían certificar la financiación y comenzar su tramitación a inicios de año en futuras ediciones”, ha destacado. En cuanto a este tema, ha expresado su descontento al señalar que el Ministerio prometió aumentar el presupuesto de 200 millones de euros destinado a esta área, “sin embargo, no hemos recibido ni un euro adicional, a pesar de que se está pidiendo un mayor esfuerzo a las comunidades en este sentido”. “La Comunitat Valenciana supera los requerimientos establecidos y no solo es la única junto a Cataluña que aporta recursos propios al Bono Joven, sino que también destina más de lo exigido, con 9 millones dedicados a este plan”, ha confirmado.
Aguardando el resultado definitivo tras la reunión, el gobierno de la Generalitat Valenciana, bajo la dirección del PP, se ha unido a un comunicado conjunto que han emitido y firmado los gobiernos regionales de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León, así como Ceuta y Melilla. En este documento, los gobiernos autonómicos expresan su demanda de no interferir en los precios ni en las competencias de las autonomías, además de solicitar una distribución equitativa de los recursos públicos.