El Gobierno está explorando diversas alternativas para garantizar la estabilidad de Talgo. Tras el rechazo de la oferta del grupo húngaro Ganz Mavag por motivos de “seguridad nacional”, la Administración se concentra en encontrar aliados financieros e industriales que ayuden a fortalecer al principal fabricante español de trenes frente al aumento de pedidos que debe atender en los próximos años.
En este contexto, vuelve a surgir la denominada «solución española», que implica la creación de un grupo nacional de empresas dispuestas a respaldar un plan de inversión y participación para la empresa ferroviaria, una opción que fue desestimada al inicio de la oferta pública de adquisición.
Dos desafíos
Con la operación bloqueada y la renuncia a la oferta húngara, el equipo del ministro de Transportes, Óscar Puente, reinicia la búsqueda de socios nacionales para abordar los dos grandes desafíos que enfrenta Talgo.
Puente había considerado a la empresa checa Škoda Transportation como posible alternativa a los húngaros de Ganz Mavag. El ministro se reunió en Praga con los directivos de la firma para explorar una fusión, ya que Škoda no estaba interesada en presentar una oferta competidora. Sin embargo, esta opción aún no se ha concretado, y la empresa ha preferido no hacer declaraciones al respecto.
Nueva búsqueda del Gobierno
Dada la falta de avances, el Gobierno ha reactivado su búsqueda de un socio industrial nacional que brinde la capacidad necesaria a Talgo para cumplir con sus obligaciones contractuales, tanto con Renfe, que ya ha solicitado compensación por los retrasos en los trenes S-106, como con otras operadoras. Actualmente, el libro de pedidos del fabricante supera los 4.000 millones.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha manifestado su deseo de encontrar socios españoles para Talgo y mencionó el lunes pasado que el cambio en la propiedad y la mejora industrial de la empresa podrían concretarse en un plazo breve. Sin embargo, fuentes del departamento han decidido no comentar sobre las negociaciones en curso.
La empresa vasca CAF se presenta nuevamente como una opción importante para el Gobierno, en lugar de Škoda, en el contexto de Talgo.
Las alternativas dentro del marco de capital español para Talgo son limitadas. Si Puente busca únicamente financiación nacional, la única candidata es CAF. Esta compañía vasca, que anteriormente mostró reticencias ante una fusión con Talgo, sigue sin ver como prioritario asociarse con dicha firma en este momento. En 2021, CAF ya intentó acercarse a Talgo cuando el valor de sus acciones era comparable al actual. Actualmente, la empresa tiene una deuda de 284 millones de euros.
Debido a esto, el Gobierno está trabajando no solo en una solución industrial, sino también en una estrategia financiera que permita que el fondo británico Trilantic, dirigido por Javier Baños y que posee cerca del 30% de las acciones a través de Pegaso, se retire de Talgo. Este fondo, junto con otros socios minoritarios, ha manifestado su intención de vender su participación.
El Ejecutivo ha explorado ya opciones con Criteria, el brazo de inversión de la Fundación «la Caixa», y con Escribano, el segundo mayor accionista de Indra, para que se sumen a esta operación. En esta ocasión, la inversión requerida sería menor que la solicitada en un intento previo. La oferta del consorcio húngaro había establecido una valoración de Talgo en 619 millones de euros, ofreciendo 5 euros por acción. Al momento de redactar este informe, el valor de la acción de Talgo se situaba en 3,41 euros, mientras que su capitalización bursátil quedaba en 419 millones de euros.
Desde Criteria, no han realizado declaraciones sobre su posible interés en asociarse con Talgo. No obstante, desde el inicio del proceso, este grupo catalán ha insinuado que consideraría la operación si contara con un socio industrial que asumiera la gestión del negocio.
El ministro Puente espera lograr una solución para Talgo en un plazo breve.
Mientras tanto, se ha abierto otro frente debido a la posible acción legal que el consorcio húngaro Ganz Mavag podría emprender en Europa en contra del veto a su oferta pública de adquisición (opa).
El Gobierno manifiesta que no teme esta acción legal del grupo del Este de Europa, argumentando que se basó en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que desaconsejaban la autorización de la operación, citando la tecnología de la firma española, fundamental para ofrecer a sus clientes un sistema de ancho de vía, crucial en procesos como la reconstrucción de Ucrania. Puente mencionó que existía un problema geoestratégico que concernía a la propia Unión Europea.
